La ofensiva contra el mundo del trabajo
Durante años, las y los trabajadores de Chile hemos debido enfrentar crisis económicas, alzas del costo de la vida y políticas que muchas veces terminan favoreciendo a los grandes grupos económicos por sobre las necesidades reales de las familias. Sin embargo, lo que hoy estamos viviendo bajo el gobierno de José Antonio Kast representa algo aún más profundo: un intento deliberado por reinstalar un modelo neoliberal extremo, donde el mercado vuelve a estar por encima de los derechos sociales y laborales conquistados tras décadas de organización y lucha sindical.
Mientras millones de personas ven cómo cada semana suben los combustibles, cómo aumentan los precios de los alimentos y cómo las cuentas de la luz, el agua y otros servicios básicos golpean cada vez con más fuerza el presupuesto familiar, el Gobierno insiste en avanzar en políticas económicas que descargan el peso de la crisis sobre los hombros de las y los trabajadores.
Hoy en Chile llenar el estanque del automóvil, pagar el gas o simplemente comprar lo básico para alimentar a una familia se ha transformado en una preocupación cotidiana. El problema es que esta realidad no ocurre por casualidad ni por factores exclusivamente externos. Existe una decisión política detrás de este modelo económico: proteger los intereses de los grandes grupos empresariales, reducir la capacidad del Estado y debilitar los mecanismos de protección social que permiten equilibrar las enormes desigualdades existentes en nuestro país.
Las señales son claras. Se busca relativizar el debate sobre un salario mínimo que permita vivir con dignidad, mientras el propio movimiento sindical y la CUT han levantado la necesidad de avanzar hacia un salario vital que responda al verdadero costo de la vida. Al mismo tiempo, el Gobierno impulsa reformas y leyes misceláneas que apuntan a flexibilizar condiciones laborales, reducir el rol regulador del Estado y abrir espacio para una lógica donde el trabajador vuelve a quedar en una posición de vulnerabilidad frente al poder económico.
A esto se suman los recortes presupuestarios en ministerios y servicios públicos esenciales, particularmente en áreas sensibles como salud, educación y políticas sociales. Lo que se presenta como "responsabilidad fiscal" termina significando menos atención, menos derechos y más precariedad para millones de personas. Porque cuando se debilita la salud pública, cuando se reducen programas sociales o cuando se limita la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la ciudadanía, quienes pagan el costo son siempre las familias trabajadoras.
Lo más preocupante es que esta agenda económica viene acompañada de un discurso que busca instalar la idea de que los derechos laborales son un obstáculo para el crecimiento. Se intenta enfrentar a trabajadores con trabajadores, responsabilizando al mundo laboral de problemas estructurales que en realidad nacen de un modelo profundamente desigual. Se busca instalar miedo frente a la organización sindical y desacreditar cualquier demanda por mejores salarios, estabilidad laboral o protección social.
Desde el mundo industrial y desde la CUT sabemos perfectamente lo que significa un país donde el crecimiento económico solo beneficia a unos pocos. Lo vivimos durante décadas. Sabemos que cuando se debilita la negociación colectiva, cuando se precariza el empleo y cuando el Estado abandona su rol social, quienes pierden son las mayorías.
Por eso hoy más que nunca se hace necesario fortalecer la unidad y la organización de las y los trabajadores. La historia del movimiento sindical chileno demuestra que ningún derecho ha sido regalado. La jornada laboral, la seguridad social, las normas de protección laboral y tantas otras conquistas fueron posibles gracias a la movilización y a la capacidad de construir fuerza colectiva.
No estamos frente a una discusión técnica ni únicamente económica. Lo que está en juego es el tipo de país que queremos construir. Un país donde la riqueza siga concentrándose en pocas manos mientras la mayoría sobrevive endeudada y precarizada, o un país donde el desarrollo vaya acompañado de dignidad, derechos y justicia social.
Las y los trabajadores no podemos permanecer pasivos frente a una política económica que golpea directamente la calidad de vida de millones de familias chilenas. Hoy la organización sindical, la articulación social y la unidad del movimiento de trabajadores son herramientas fundamentales para frenar el retroceso y defender derechos que costó décadas conquistar. Porque cuando se ataca al mundo del trabajo, no solo se afecta el bolsillo de las familias. Se pone en riesgo la cohesión social, la democracia y la posibilidad de construir un Chile más justo para las futuras generaciones.