La otra amenaza

Es difícil determinar (siquiera con vaguedad) las múltiples aristas que se abren con esta pandemia. Desde luego, hay dimensiones que sobresalen. Bastante tinta se le ha dedicado, por ejemplo, al supuesto conflicto entre salud y economía. Pero también se ha argumentado que el impacto del coronavirus no se agota en los aspectos urgentes de salubridad y desarrollo. Así, algunas tensiones humanas, sociales y políticas han salido a la palestra. Sin embargo, creo que el sentido de urgencia que estas últimas dimensiones representan no se ha advertido con claridad, lo que resulta particularmente preocupante si consideramos que distintos valores esenciales del desarrollo democrático corren riesgo.

Uno de los grandes desafíos políticos actuales es ponderar con éxito el conflicto entre más seguridad o más libertad. Muchos gobiernos han sabido resolver esta tensión de manera efectiva. Se han tomado medidas, compartidas por la sociedad, que han permitido enfrentar esta pandemia de la mejor forma posible. Cierre de fronteras, cordones sanitarios, cuarentenas obligatorias y suspensión de clases. Sacrificios a nuestras libertades personales en pos de proteger la salud de la comunidad.

Sin embargo, en otros escenarios el conflicto entre eficacia y democracia se ha vuelto más pronunciado y pantanoso. Sin ir más lejos, encontramos gobiernos que han decidido expulsar a periodistas extranjeros y deportar inmigrantes a países de alto riesgo.

Otros que han optado por prolongar sus mandatos y otros que han trabajado en la monitorización de datos personales sensibles con el objetivo de predecir y prevenir el virus que nos azota. Todo en pos de detener el virus.

Hace menos de una semana, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que la actual pandemia no se puede transformar en un pretexto de los Estados autoritarios para pisotear derechos humanos individuales o reprimir el libre flujo de información. En concreto, sugirió que lo que partió siendo una emergencia de salud pública podría rápidamente convertirse en una crisis de derechos humanos. Y parece no ser una exageración. La misma organización internacional ha alertado sobre casos en que, bajo el pretexto de perseguir noticias falsas, se ha terminado arrestando a periodistas, doctores, trabajadores de la salud y activistas de la oposición.

Frente a esta amenaza global contra los derechos humanos podemos asumir distintas actitudes. La más errada, creo, sería suponer que nuestra condición local dista de las descritas por Guterres, asumiendo pasividad y mirando con distancia. Lo cierto es que no parecemos estar ajenos a los desafíos democráticos que esta crisis trae consigo.

Uno de los aspectos destacados por Guterres la semana pasada fue el uso generalizado del concepto “enfermedad extranjera” para referirse al virus. Bajo su mirada, en muchos países esto se estaría traduciendo en discriminación, xenofobia, racismo y ataques.

Y bueno, no necesitamos ir tan lejos para percibir este tipo de problemas. Hace pocos días, el intendente de la región de Valparaíso anunció acciones por una serie de carteles que llamaban a expulsar chinos de la comuna de Villa Alemana. Luego de eso, conocimos la tensa situación de Quilicura, donde vivían hacinados en un cité un importante grupo de personas, 33 de las cuales se encontraban contagiadas.

En esa oportunidad vimos a vecinos genuinamente preocupados, pero también un tratamiento social y mediático sesgado, poniendo más énfasis en la condición de “haitianos” que en la de “vulnerables contagiados” (como probablemente hubiera pasado en caso de tratarse de chilenos).

Es cierto, las tensiones políticas en Chile no han alcanzado las características de otras latitudes. No tenemos movimientos anti-asilamientos como en Estados Unidos, ni periodistas encarcelados. Sin embargo, eso no implica desconocer nuestros desafíos.

En parte, debemos asumir que las decisiones del gobierno han sido respetadas no sólo por su eficacia, sino también por la protección de la transparencia, la inclusión y la fiscalización. Y allí bastante camino queda por recorrer.

Ya hemos conocido las críticas del mundo científico respecto a la entrega de micro datos, o la de las autoridades locales frente a la capacidad de escucha del poder central. Es necesario comprender que todas esas capas de la sociedad son esenciales.

No sólo para tomar decisiones eficaces que nos permitan enfrentar la crisis de salubridad pública, sino que también para generar instrumentos que nos faculten a la hora de combatir una amenaza paralela, la cual es eminentemente política.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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