La seguridad municipal, el desafío pendiente que no puede esperar más
La reciente alerta de la Contraloría sobre la falta de vigencia de los planes comunales de seguridad en 312 municipios del país es más que un dato técnico: es una señal de alarma que nos obliga a mirar con realismo una de las aristas más desatendidas de la seguridad pública: la gestión local.
En 2014, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se impulsó el Plan Seguridad para Todos, que buscaba fortalecer el rol de los municipios en la prevención del delito, creando los Planes Comunales de Seguridad Pública. Esta política sentó las bases para la creación de consejos comunales de seguridad pública, órganos de carácter consultivo para alcaldes, con recursos para generar diagnósticos, planificar y ejecutar estrategias ajustadas a la realidad de cada comuna.
Sin embargo, como ocurre con muchas políticas públicas, su continuidad y eficacia han dependido de la voluntad política y del compromiso institucional. Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, esta agenda preventiva perdió fuerza, priorizándose el enfoque de control policial, en desmedro del trabajo territorial y preventivo de los municipios.
El actual gobierno ha intentado retomar esta línea, impulsando un proyecto de ley que fortalece la institucionalidad municipal en materia de seguridad. Pero aún persisten problemas estructurales:
- Burocracia excesiva, muchas veces duplicando funciones con el sistema STOP
- Falta de recursos para formación, equipamiento y dotación de funcionarios
- Limitada participación de actores clave por la no obligatoriedad de asistencia a los consejos
- Y una brecha creciente en la entrega de información al gobierno central
Según Contraloría, el número de municipios que remiten actas de sus consejos a la Subsecretaría de Prevención del Delito bajó de 156 en 2021 a solo 48 en 2024. Más grave aún: el CIC revela que 110 de las 120 comunas clasificadas como urgentes en el índice de vulnerabilidad socio-delictual no reportan antecedentes entre 2024 y 2025.
A pesar de este panorama, hay experiencias que demuestran que sí se puede. Casos como Estación Central, con consejos amplios y participativos, o programas como Comunidad Crece, enfocados en la intervención comunitaria en sectores de alta conflictividad, muestran que la prevención con participación real funciona.
El desafío, entonces, es claro. Primero, visibilizar la realidad comunal y exigir a las autoridades locales un compromiso real y transparente. La ENUSC 2023 muestra una percepción de inseguridad comunal del 72%, levemente a la baja, pero aún en niveles históricamente altos. Esta percepción aumenta en comunas con menos recursos, en personas mayores y en mujeres.
Segundo, fortalecer el empoderamiento comunitario. Sin participación activa de vecinas y vecinos, no habrá políticas sostenibles ni legítimas. Los consejos comunales deben ser verdaderos espacios de diálogo y acción, no una mera formalidad administrativa. Las municipalidades tienen hoy responsabilidades clave en prevención: atención a infractores adolescentes, reinserción escolar, reducción del consumo de drogas, fortalecimiento de la convivencia comunitaria, mejoramiento urbano en barrios vulnerables y atención de violencia intrafamiliar y de género.
En Maipú, por ejemplo, la ENUSC identifica como principales desórdenes el uso de fuegos artificiales (26%), el consumo de drogas y alcohol en la vía pública (22%) y la existencia de sitios eriazos o con basura acumulada (18%). Todos temas que el municipio debe abordar con herramientas preventivas, no solo reactivas.
Tercero, exigir la implementación del anunciado fondo municipal plurianual de seguridad, comprometido en el protocolo del royalty minero. Se trata de 350 millones de dólares que no pueden quedar en letra muerta. Su ejecución debe contar con transparencia y supervisión ciudadana.
Y finalmente, hay que reducir la burocracia que desmotiva a los equipos municipales y complica la ejecución, al mismo tiempo que se establecen mandatos claros de participación para Fiscalía, Carabineros, PDI y servicios públicos en estas instancias.
La seguridad municipal no puede seguir siendo un "pendiente". No puede ser un trámite sin impacto, ni una excusa para la inacción. Solo con compromiso político, coordinación efectiva y participación ciudadana podremos hacer de nuestras comunas espacios seguros y dignos para vivir.
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