La urgencia del Banco Unificado de Datos

La delincuencia es un problema complejo que debe ser atacado en forma integral.  Sin embargo, a menudo la oferta programática apunta a medidas que se acercan más a lo efectista, con acciones que dan prensa y ofrecen alivio artificial a la opinión del público, pero no otorgan soluciones reales al fenómeno delictual. 

En lo que sí hay consenso, es que, para generar políticas públicas serias, se requiere de sistemas de información integrales que permitan definir de forma analítica y operativa cuáles son las prioridades y los caminos a seguir.  En este contexto, cobra interés dos instrumentos que, de ser utilizados de forma adecuada, son un valioso aporte en la lucha contra la delincuencia: la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) y el Banco Unificado de Datos (BUD). 

Durante años en nuestro país se ha trabajado en una lógica de información “encapsulada”, donde las distintas instituciones del sistema desarrollan su actividad y administran la información como verdaderas islas. 

Esta situación es precisamente la que justifica la necesidad de contar con urgencia con el Banco Unificado de Datos (BUD), que consiste en una plataforma tecnológica que organiza la información, prácticamente, de todas las instituciones de justicia y policía del país, en una doble dimensión.

Una relacionada con la generación de información para la evaluación e implementación de políticas públicas en seguridad (BUD Analítico) y otra vinculada a la obtención de información en línea para mejorar la labor operativa de las distintas instituciones (BUD Operativo). A partir de su funcionamiento, una vez que esté en régimen, se debe exigir una mejora en la toma de decisiones y una más eficiente persecución penal. 

Lamentablemente, desde el año 2012, en el que se da inició al establecimiento del BUD mediante la firma un convenio entre las instituciones del sistema penal chileno su utilización ha sido nula. 

Como lo que pudimos observar en su oportunidad, el “BUD 1.0” era limitado para la toma de decisiones, por lo que era necesario trabajar en modificaciones en la visualización de los antecedentes, de allí que no extrañara que el año 2016 el Ministerio Público haya señalado que, “el BUD está completamente desfasado” y “no es útil tal como está”. 

El país ha invertido muchos años y recursos en la consolidación de este sistema - que se consagró legalmente en la ley N°20.931 de 2016 - por ello preocupa especialmente que, casi terminado el segundo trimestre del año 2018, aún no esté en funcionamiento.  

A principios de mayo, el ministro del Interior y Seguridad Pública explicó en la Comisión de Seguridad de la Cámara que, a fin de perfeccionarlo, el reglamento que regula el funcionamiento del banco de datos, había sido retirado de la Contraloría General de la República.

Esperamos que sea para mejor, y exigiremos un cronograma claro, para poder fiscalizar su cumplimiento. Han sido demasiados los obstáculos culturales, administrativos y técnicos.

La puesta en marcha real del BUD ¡es urgente!

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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