La urgente revalorización de las pensiones

Gonzalo Martner

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El resultado básico de la reforma de 1981 es que los que se pensionan hoy reciben una pensión contributiva equivalente al 20% o menos de su último sueldo. Y esta tasa de reemplazo irá disminuyendo para los próximos jubilados, dada una rentabilidad de los fondos de pensiones que se estima girará en torno al 3% en las próximas décadas, muy lejos del 7,8% que promedia el sistema desde su inicio. Este es uno de los factores de la rebelión social de fines de 2019.

Después del escaso aumento de la pensión básica escalonado en dos años (55 mil pesos para los más de 80 años ahora, llegando a 165 mil pesos al mes, y 27,6 mil pesos para el 60% de la población de menos ingresos) concedido por el gobierno, se constata que no se avanza lo suficiente en materia de pensiones.

La propuesta oficial original en relación a las pensiones contributivas cambia, además, poco el sistema actual y prevé que en plazos largos las pensiones aumentarían en 30% (en 40 años) con el incremento de 4-5% de la cotización obligatoria, en este caso de cargo del empleador. Esta nueva cotización se agregaría al 10% obligatorio de cargo del trabajador, siempre administrado por las AFP. Este proyecto ha avanzado lentamente desde que se envió al parlamento.

Se ha conocido una nueva propuesta del PDC, que es relevante porque este partido la ha venido consensuando con el gobierno, que mantiene a las AFP a cargo de la seguridad social.

Incluso les agrega, de acuerdo al texto de la propuesta, un 3% adicional de cotizaciones obligatorias al ya existente 10%, dejando el 2% adicional restante para solidaridad (con una temporalidad de aplicación de cinco años). Es positiva la propuesta de universalizar la pensión básica solidaria, que hoy abarca solo al 60% de la población. Pero dejarla en 165 mil pesos es mantener en situación de pobreza a demasiada gente.

Dado que esa pensión universal se agregaría a la pensión contributiva, la pensión promedio pasaría de 240 mil pesos a cerca de 400 mil. Esto es un avance, pero deja muy débiles a las pensiones bajas.

La economía chilena está en condiciones, a pesar de la difícil coyuntura, de hacer mucho más.

No es absurdo, en primer lugar, aumentar a 220 mil pesos (la mitad de la línea de pobreza de una familia de 4 personas) la pensión básica para el 80% de la población mayor de 65 años en una primera etapa, aumento que podría ser financiado con el término de la exención tributaria a las ganancias de capital y el fin de la renta presunta.

Y, en segundo lugar, cabe hacer un vuelco conceptual a lo que el gobierno ha señalado estar dispuesto, pero en una escala irrelevante, y crear un mecanismo de reparto con el 5% de la prevista cotización adicional de cargo del empleador a ser distribuido entre los 1 370 mil pensionados por las AFP.

Esta cotización adicional debiera subir de inmediato en 2% y el resto a razón de un punto porcentual por año y completar el proceso en 4 años. Solo así se podría subir en el corto plazo las pensiones contributivas mínimas, especialmente las de las mujeres, y acercarlas al nivel del salario mínimo, junto a aumentar el resto de las pensiones.

El horizonte debe ser terminar con el modelo actual de seguros privados y crear un sistema de pensiones solidario y de reparto intergeneracional, junto a una capitalización colectiva de una parte de las cotizaciones para sostener las pensiones frente al cambio demográfico.

En un nuevo sistema, la base debiera ser efectivamente extender en el mediano plazo la actual pensión básica a una pensión ciudadana universal, financiada con impuestos y de un monto que con el tiempo se acerque al salario mínimo.

Y además, las AFP debieran salir del sistema de pensiones contributivas. Estas pensiones debieran basarse en las cotizaciones realizadas a lo largo de la vida activa.  Los empleadores debieran cotizar un 7,5% de la remuneración de los trabajadores, mientras el aporte obligatorio de los trabajadores debiera pasar de un 10% a 7,5% de la remuneración, sin tope. Las pensiones contributivas debieran financiarse, así, con un aporte bipartito equivalente, sumando un 15%.  

De ese 15%, un 10% debiera destinarse al pago de pensiones por reparto, recibiendo cada cual una pensión de acuerdo a los aportes previsionales obligatorios a lo largo de la vida laboral. El sistema debiera entregar un bono mujer y de reconocimiento a la maternidad, para elevar sustancialmente las pensiones de las mujeres, utilizando un 1% de las cotizaciones.

El 4% restante debiera utilizarse para un Fondo de Ahorro que, mediante su inversión y capitalización administrada por un órgano público, sostenga el sistema de pensiones en el largo plazo frente a una menor relación futura entre cotizantes y pensionados.

Hoy existe 1 jubilado por cada 5,8 personas en edad de trabajar, mientras en el 2100 las proyecciones indican que habrá 1 jubilado por cada 1,7 personas en edad de trabajar. Pero ese fondo, que ya existe con la denominación de Fondo de Reserva de Pensiones, es indispensable para sostener un nuevo sistema previsional basado, además de un mínimo universal para todos financiado con impuestos, en el reparto de acuerdo a lo cotizado a lo largo de la vida de lo recaudado anualmente, llamado sistema de cuentas nocionales, existente en diversos países europeos.

Las AFP debieran ser en el futuro sólo un pilar de ahorro individual voluntario, como el actual APV, destinado a complementar las pensiones, reorientando el trabajo de las administradoras privadas de fondos hacia rendimientos estables y con bajos riesgos y cambiando el actual cobro de comisiones por flujo a un cobro por saldo.

Esta propuesta tiene una gran ventaja: terminaría con las ganancias de los dueños de las AFP a costa de las cotizaciones de los trabajadores (que se dimensiona en cientos de millones de dólares anuales que se ahorrarían) y permitiría aumentar de modo inmediato las pensiones contributivas.

Nada de esto se contempla en el proyecto del gobierno, porque su objetivo es mantener el sistema de AFP repudiado por las amplias mayorías.