Lo perfecto es enemigo de lo bueno y la imprudencia también

Estamos contra el tiempo. Todo cambio es para ayer. Mientras, en este régimen presidencialista el gobierno usa las urgencias legislativas a su favor. ¡Cómo no! una sacada al pizarrón a la oposición con la baja aprobación que tiene La Moneda es una estrategia que no necesitamos condenar, pero la irresponsabilidad sí.  

Que a raíz del estallido social la derecha se allanara a dar pasos en la agenda social - siempre y cuando no se toque la base de su ideología - no garantiza su voluntad de cambiar el paradigma. Sino más bien está quedando en evidencia que el objetivo no es otro que aplacar la manifestación social en su contra.  

No es reproche, sino una constatación  en los anuncios: una reforma de pensiones donde no aborda el sistema de AFP; una reforma en salud donde se fortalece lo privado y en educación el gobierno se remite a condenar el sabotaje estudiantil a la PSU sin abordar el real problema. Una constante.  

Es en ese marco que estuvimos  discutiendo (bajo presión mediática de La Moneda) respecto el aumento al ingreso mínimo garantizado. Un nombre de fantasía, que finalmente no es otra cosa que un subsidio de cargo fiscal para trabajadores de bajas remuneraciones.  

Una discusión que no puede ser baladí ni circunscribirse a un acuerdo como asunto de voluntad política al que se está acostumbrando emplazar el gobierno a quienes creemos insuficientes sus propuestas. 

Pero mientras más antecedentes tenemos sobre la mesa, más compleja se ve la posibilidad de hallar el equilibrio entre perfeccionar un mal proyecto para que sea eficiente, y dejar allanado el camino para una verdadera política permanente hacia mejorar ingresos de los sectores vulnerables. Lo que por cierto hemos hecho, no obstante la camisa de fuerza que presentó el Ejecutivo.  

En lo personal me preocuparon varios asuntos de esta propuesta de gobierno. Llegó a nuestras manos un proyecto limitado sólo a trabajadores con contrato,    donde los beneficiarios lo serán respecto sus bajos ingresos, quedando fuera cualquier incentivo o bono al que pudiera tener opción, solo se considera su ingreso efectivo.

El texto inicial entonces incluyó un corte perverso para quienes reciben el salario mínimo, dejando fuera de este subsidio las horas extras, por ejemplo. ¿Qué criterio objetivo es aquel que deja fuera de esta ayuda social  a los independientes y a los contratados que buscan obviamente incrementar una  remuneración que no alcanza para comer?  

La promesa del Presidente  fue un sueldo mínimo garantizado de 300 mil pesos ... naturaleza excluyente del texto por pillería o por negligencia. 

Pero claro, deberíamos hacer ojos vista a esta situación porque según el gobierno, hay poco más 668 mil trabajadores de baja calificación  cuya renta está  fijada y de no ser por este subsidio, los perjudicaremos.  

Insisto, es cierto que veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero no nos podemos hacer los lesos: la demanda social está más patente que nunca sobre la mesa y una de aquellas es terminar con la lógica de los bajos ingresos. De esos sueldos base indignos en el retail, a costa de las comisiones o propinas. Hablo del esfuerzo que justamente debe hacer la gran empresa que en estos tres meses ha tomado palco. ¿Y qué hace el gobierno? Entrega ayuda social a través de un suple de 50 mil pesos.  

¿Cree usted que es responsabilidad política seguir la tramitación de este proyecto sin consultar a quienes están en la discusión laboral de años sobre este tema? Claro que no, por eso recibimos  a la CUT, a la OIT y expertos en política social. Pese a la discusión inmediata para tramitar el texto.  

No podemos abusar de la necesidad que tiene cualquier familia y hogar chileno de recibir un ingreso que le permita estar por encima de la línea de pobreza, a costa de un titular en la prensa.  

Es parte del debate que no acaba  respecto de este proyecto y otros que parecen soluciones transitorias. La tentación es grande para los populistas, pero es un deber moral procurar que un proyecto de este tipo - que busca entregar un subsidio para trabajadores de menores ingresos - no se transforme en una política salarial del sector privado y  mantenga salarios bajos sabiendo que el Estado entrega esta ayuda social.  

Por eso rechazamos la indicación que limitaba la entrega del subsidio a quienes trabajaban en empresas que facturan menos de 75 mil UF mensuales.

Contrario a ayudar a las Pymes, aquello atenta contra la realidad al existir empresas de gran facturación que pese  a eso, no hacen partícipes de sus buenos resultados a sus empleados  y pagan el mínimo. 

De eso estamos hablando, por ello necesitamos estudiar en su mérito cada proyecto y lo hacemos sin necesidad de llamados de atención de ningún tipo. Es el Ejecutivo que debe salir de su pedestal y darse cuenta que gobernabilidad pasa por generar reales avances siendo inequívocamente percibidos por la ciudadanía. La publicidad engañosa ahonda la frustración.  

De ser permanente como lo propuso este gobierno, una de las garantías que exigimos  fue la transitoriedad de la medida.

Luego de un año en vigencia del beneficio automático, este subsidio será evaluado por el Consejo Superior Laboral, órgano tripartita creado justamente con el fin de establecer un diálogo directo entre trabajadores, empleadores y el Estado (lo que nunca estuvo al parecer en la intención del Ejecutivo).

Tal instancia perteneciente a la subsecretaría del Trabajo cumplirá con su misión al medir el impacto de este subsidio en el marcado laboral, atendiendo factores como la calificación de los trabajadores, el nivel de remuneración y productividad.  

El objetivo es que con índices confiables y bajo la consulta de los actores laborales, se evalúe la necesidad de prorrogarlo por tres años más.  

En ese entonces el gobierno de turno deberá presentar una medida estructural que siga en la senda de aumentar el sueldo mínimo. 

De alguna forma esperamos empujar  que la precariedad laboral no se haga costumbre. 

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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