Mandatos políticos en tiempos de pandemia

El ser humano, este personaje del s.XXI atareado por una vorágine que parece no tener fin, asediado por tensiones existenciales y materiales, con una tendencia fuertemente individualista y en medio de un nihilismo ambiental no despreciable, contempla estupefacto como un virus recorre el mundo afectándolo no solo en lo más preciado que es su vida, sino que también en variados ámbitos y con consecuencias muchas de ellas hasta hoy desconocidas.

La ciencia, algunos de cuyos representantes aseguraban en plena modernidad que con ella se pondrían fin a las amenazas sanitarias dentro de un progreso que no tendría fin, a pesar de sus notables adelantos, constata, una vez más, que a la vuelta de cada esquina emerge una nueva amenaza para la vida humana, frente a la cual se devela como absolutamente impotente.

Hemos estado en presencia de un drama planetario que lejos de ser ajeno a la humanidad y su existencia, está en una vinculación innegable con sus formas de vida actual.

Hay que decirlo nuevamente, lo males del mundo no son castigos de los dioses, así como tampoco el bienestar constituye un premio. Somos los habitantes de este mundo, en el uso de nuestra libertad, en nuestras acciones hacia los otros y en el tratamiento de la naturaleza, los que a través de la historia, y particularmente en la era globalizada, hemos fomentado y permitido los triunfos de muchas tragedias, de  numerosos males y de flagrantes injusticias. Es parte de lo que nos recuerda el filósofo  Karl Jaspers cuando señala que “toda situación es un problema y una tarea para la libertad del hombre que en ella se encuentra, se desarrolla y fracasa”.

El Coronavirus, y esto ni los más conservadores pueden negarlo, se ha convertido en la interpelación planetaria más radical y telúrica en mucho tiempo. La humanidad tan orgullosa de sus logros (en muchos casos con toda razón) se ve enfrentada a realizar una transformación  absolutamente copérnicana en todas las dimensiones y expresiones de la vida o bien a desplomarse progresivamente por un tobogán de autodestrucción. Sobre esto, ya se ha escrito abundantemente por personas muy brillantes.

Parte importante de lo que se ha comentado y analizado acerca de las implicancias de lo que está sucediendo, tiene que ver con la  preocupación por el futuro económico de los países. De una u otra forma, cierto economicismo deja en evidencia su intención hegemónica para enfrentar este sobrecogedor episodio que hoy afecta a la humanidad. Al respecto, Chile no ha sido una excepción.

El aporte de la economía, que duda cabe, es muy importante, no obstante, pareciera que ante determinadas coyunturas, y concretamente en relación a lo que ha sido nuestra historia en las últimas décadas, su omnipresencia ha sesgado e imposiblitado un dianóstico y una alternativa  de desarrollo más integral. 

Baste recordar cómo, de un tiempo a esta parte, la economía  y muchos economistas, no se han caracterizado precisamente por su sutileza y prestancia humanista cuando diagnostican y proponen rutas y estrategias acerca de nuestra realidad social.

Lo que ha sucedido entre nosotros, como todos lo saben, es que la sociedad ha arrastrado un proceso acumulativo de tensión social, lo que se agudizó e hizo combustión con el movimiento social de octubre y ahora tiene su agravamiento con la crisis sanitaria.

Muchos lugares del mundo y nuestro país, han ido viviendo episodios y teniendo hitos que han puesto en evidencia que la justicia social y el bien común han sido atropellados por una ideología cuya racionalidad económica ha llevado a la “monstruosa fecundidad del dinero” (Mounier), que a su vez ha derivado en la acumulación de capital, la concentración del poder en diferentes ámbitos y el olvido y concepto de lastre para con servicios públicos que van en beneficio directo de cuestiones esenciales para una vida digna. El Corona Virus ha develado esta triste realidad “urbi et orbi”.

Es no solo legítimo sino necesario que nos preguntemos si hay que seguir esperando más constrastaciones empíricas socio-económicas y humanas para concluir que el neoliberalismo y particularmente la omniciencia del mercado, ha fracasado rotunda y dramáticamente; ¿no ha resultado claro que el axioma según el cual a mayor riquezas y a mayor capital mayor será la prosperidad y el desarrollo, ha terminado en la frustración, en la exclusión y en el abuso de muchos?

Ante estas preguntas y a pesar del drama que ha estado viviendo la humanidad, las dudas de algunos y la definitiva ceguera de otros, llevan a concluir que en este mundo y en nuestro país pre-pandemia, el modelo económico predominante, no solo erosionó los vínculos sociales con los grupos de pertenencia y referencia en torno a los cuales las personas encontraban sus sentidos y fuente de seguridad, no solo avasalló las identidades primarias y las relaciones de solidaridad, sino que también derivó en que los ciudadanos terminaran por postrarse y rendirse ante una sociedad de mercado en que lo importante es el consumismo, la competencia y el logro.

Sobre esto último, me parece más que plausible sostener que una parte no menor del desprestigio y desvalorización de la política y los políticos en nuestro país, ha sido consecuencia de que éstos han sucumbido, mitad inercia mitad incapacidad de forjar alternativas, ante las fórmulas y recetas dictadas por el modelo hegemónico.

Es más que plausible esperar que en este contexto y con los nuevos antecedentes, la sociedad chilena termine por consolidar una crisis social, política y valórico-cultural, esto es, una crisis sistémica que muchos ciertamente querrán nuevamente tapar o negar, y ante la cual la perspectiva estructural, la identificación de las raíces de los problemas y las propuestas y acciones políticas al respecto, deben preceder a los argumentos económicos.

Aún más, es nuestra hipótesis que el conflicto que se viene cristalizando en la sociedad chilena hace ya un tiempo en relación a las visiones y proyectos de sociedad, junto con que se inicie una lenta y no menos duradera etapa pos coronavirus, entrará en un ciclo agudizante y con altas posibilidades de escalar.

Lo anterior como resultado de una hasta ahora obligada mantención en status-quo del movimiento de octubre y sus reivindicaciones, por las poco sustanciales y erráticas medidas tomadas por el gobierno en medio de las agravadas insuficiencias y postergaciones de la mayoría de los chilenos y porque numerosos grupos y actores de la sociedad  llegarán a la conclusión que lo que pierden y dejan de obtener tiene un costo mucho mayor que  su inserción en las actividades de protesta y reivindicaciones.

Chile enfrenta, ahora de manera “recargada”, la alternativa de transformarse en un país justo y solidario llevando a cabo cambios estructurales en lo inmediato o mantener, disfrazar y/o reforzar la insostenible situación actual, que ha sido diagnosticada por diversos organismos y publicaciones.

Es precisamente ante estas disyuntivas que hay que estar atentos a que no nos cerque y limite el mismo fantasma, esto es, el asumir como criterio por excelencia desde el que se quiere actuar, el supuesto de que la optimización de lo económico está por sobre todas las otras acciones y conductas.

En general y particularmente en una situación de crisis como la que probablemente vivirá nuestro país, la optimización de recursos está significativamente condicionada por las decisiones y acciones político-sociales.

Aún más, buena parte de las expectativas sobre la conducta económica de los actores, puede tener una franja amplia de predicción, en la medida que primero se defina la ruta socio-política y se controle la dinámica y desarrollo de la misma. Se trata de nuestra convicción de que, tal cual lo ha ilustrado Piketty en sus análisis hitórico-económicos, la desigualdad e injusticia son más ideológicas y políticas que económicas o tecnológicas.

Hemos sido testigos estas semanas de cómo la manera en que el actual gobierno maneja las severas dificultades que nos amenazan, se inscriben bajo una lógica gatopardista, esto es, se implementan un conjunto de leyes y medidas rápidas, la casi totalidad de ellas económicas, que más allá de la imagen de “avalancha de soluciones” que se le quiere dar y la cansadora presencia del Presidente en cadenas nacionales, no sólo no van al fondo de los problemas, sino que, por sobre todo, ellas reafirman el estado de cosas que terminaron en el estallido social y ratifica el proyecto de sociedad que inspira al actual gobierno y sobre la cual éste no está dispuesto a transar.

La negativa sistemática a una renta universal básica y suficiente, el que en medio de la pandemia las ISAPRES anuncien alzas en sus precios para los próximos meses, el que entre tanta angustia y carencias las empresas se repartan en sus directorios cientos de millones por las utilidades, el que la Dirección del Trabajo publique un dictamen autorizando a los empleadores el no pago de remuneraciones a trabajadores en cuarentena, el favorecer que no sean los empresarios los que en consideración a las enormes ganancias de décadas “inviertan” en su gente y al contrario hagan  uso del seguro de cesantía obligatorio, el obligar a los funcionarios públicos a volver a su trabajo en un momento en que según el propio gobierno el país entra al pick de la pandemia (a pesar de que ellos tenían turnos que garantizaban el funcionamiento parcial de los servicios), el constatar como algunas medidas no disimulan su concesión tributaria a los empresarios a propósito de su liquidez, entre otros ejemplos que se podrían dar, ilustran nuestra afirmación del párrafo precedente.

A lo anterior y como un componente claramente provocador y poco responsable, sectores del gobierno, sin un análisis sociológico mínimo que los llevaría a concluir lo difícil que es sostenerlo, quieren cambiar la fórmula patentada: Movimiento y Estallido Social= inicio de transformaciones fundamentales en el país, por  esta otra, Coronavirus= “justificación” para un movimiento restaurador destinado a negar y mimetizar el proceso constituyente y todo cambio social.

A partir de todo lo planteado y  para quienes optamos por otro proyecto de sociedad y estamos por significativas transformaciones, caben otras actitudes y/o conductas en medio de la situación que vive y vivirá nuestro país.

Independientemente de sus sinuosidades e incoherencias, colaborar con el gobierno en su gestión para enfrentar la pandemia y desear que sus acciones tengan un feliz término.

Cosa muy distinta es lo relacionado con las decisiones y direccionalidad socio-económica con que se están enfrentando las dificultades en este ámbito.

Para decirlo en términos weberianos, tanto impulsados por la ética de la convicción (nuestros principios y valores) como por la ética de la responsabilidad (las consecuencias de las acciones), no podemos constituirnos en avales de una política económica que, aún en casos de extrema necesidad de mucha gente, mantiene su opción tecnocrática y, aún más, busca ratificar su modelo; esta exigencia es doble cuando las consecuencias de dichas decisiones y medidas no solucionarán la situación de los más necesitados.

Aristóteles decía que un poder cuando más fuerte y legítimo se muestra, es cuando son otras fuerzas opuestas (una oposición) las que actúan, siguiendo las mismas lógicas y en beneficio de los intereses, precisamente, de dicho poder.

Este es un momento más que propicio para plantear y exigir al gobierno un conjunto de medidas y decisiones políticas, socio-económicas y culturales, algunas de las cuales son el inicio de cambios impostergables en nuestra sociedad.

Muchas de ellas ya han sido planteadas por diferentes actores y partidos políticos, así como por organizaciones con destacados economistas como el Foro del Desarrollo Justo y Sustentable. Ellas no implican ni la destrucción del sistema, ni el caos, ni colocar al país al borde del abismo.

Nuestra propuesta apunta a acciones muy concretas.

Llevar a término en el corto y mediano plazo el proceso constituyente. Aquí existen entre otros, dos objetivos esenciales, que los derechos sociales, económicos y culturales participen en condición de verdaderos derechos, estableciéndose como disposiciones constitucionales de principio y que el nuevo texto constitucional garantice la propiedad pública de los recursos naturales del país.

Implementar un sistema de salud pública al alcance de todos, a partir de una inversión absolutamente prioritaria y con la creación de un seguro de salud universal.

Establecer para los próximos meses una renta única universal, en los términos planteados recientemente por los partidos de oposición.

Consolidar una reforma previsional solidaria y que garantice una pensión digna.

Implementar una nueva política impositiva, definitiva y claramente progresiva, para el porcentaje de la población de mayores ingresos.

Haciendo uso de legislación ya existente, dotar de nuevas competencias y recursos a los niveles regionales y comunales.

Retomar nuevos proyectos de ley que aseguren la protección y robustecimiento del movimiento sindical, de los derechos laborales y las negociaciones colectivas.

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