Más fiscales, menos burocracia

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, señaló que "tenemos una pandemia de homicidios en la RM" y pidió "medidas excepcionales". Añadió: "Nadie puede restarse, ni las Fuerzas Armadas". Todo esto a raíz de los tres asesinatos perpetuados el último fin de semana. En este punto, es importante aclarar que la intervención de las FF.AA. en estos casos puede ser muy plausible, pero también es relevante aclarar que el Estado de Chile les tiene que dar las garantías y atribuciones para poder proteger a la ciudadanía, y que luego no tengan que desfilar ante los tribunales de justicia.

Sin embargo, los asesinatos no son algo reciente, en 2024 hemos visto impunidad a sangre fría a manos de distintos grupos de bandas delictuales que actúan sin contrapeso. Y cómo no lo van a hacer, si sienten que -en muchos casos- la justicia en Chile es permisiva y no hace el seguimiento que corresponde y pueden terminar en libertad al poco tiempo. Pero, ¿por qué está ocurriendo esto? Una de las principales causas es la baja dotación de fiscales en el combate contra la delincuencia. No hay estrategia y entrega de recursos por parte del Ejecutivo a instituciones como el Ministerio Público para que actúen de mejor manera en la persecución del delito.

Cada persecutor tiene en promedio más de 1.800 causas al año. Una situación que debe ser abordada de manera urgente por parte del Gobierno, destinando mayores recursos para aumentar el número de fiscales y así dar celeridad no solo a la tramitación de investigaciones asociadas al crimen organizado, sino que también a los delitos de mayor connotación social.

Pero esto no es algo nuevo. Las estimaciones se tuvieron a la vista cuando se tramitó la Reforma Procesal Penal, hace más de 20 años, la que no se ajusta al contexto actual, ya que existe un déficit de fiscales en relación con el número de causas, sobre todo a raíz de la grave crisis de inseguridad que afecta al país, donde el alza de los delitos violentos ha provocado un colapso del sistema.

Esperamos que cuando comience la tramitación de la ley de Presupuestos para el año 2025 en el Congreso se exponga el problema que se origina por la falta de fiscales y la necesidad de incrementar la contratación de dichos servidores. Esto lo plantearé durante la discusión legislativa en la Cámara de Diputados, porque es de suma importancia en el combate contra la delincuencia.

Cuando el alza sostenida de la delincuencia se ha transformado en una de las principales preocupaciones ciudadanas, el Gobierno necesariamente debe dar prioridad al fortalecimiento de la institucionalidad destinada a la persecución del delito con el fin de dar mayor protección a las víctimas, quienes actualmente tienen una sensación de impunidad que lamentablemente se ha ido extendiendo con el paso del tiempo.

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