Mensaje del 21 de mayo, la tercera es la vencida

Camila Maturana

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La Presidenta de la República acudirá al Congreso Nacional a rendir una nueva Cuenta Pública, que corresponde a la evaluación de la primera mitad de su segundo mandato. Ante la generalizada crisis que enfrenta la clase política posiblemente se señalarán como logros los avances parciales en la denominada Agenda de Probidad, como asimismo la importancia que reviste el proceso que se lleva adelante para contar en el país con una nueva Constitución Política.

Pero además de ello, corresponde un balance riguroso del cumplimiento de los numerosos compromisos programáticos asumidos en materia de derechos humanos e igualdad y no discriminación, principalmente por cuanto gran parte de ellos ya habían sido comprometidos durante su primera administración y debido a que por varios años se reiteran los reproches y recomendaciones que numerosos organismos internacionales vienen señalando frente a las deudas que el Estado de Chile mantiene en estas materias.

Precisamente, una de las deudas en derechos humanos que suscita la preocupación internacional, además de concitar tremendo apoyo ciudadano que las encuestas sitúan en cerca del 70%, es la reforma a la legislación punitiva sobre aborto.

Posiblemente la Presidenta Bachelet destaque en su Mensaje la presentación del proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo en tres causales y su aprobación en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados. Pero además de ello se espera que anuncie que impondrá urgencia legislativa para agilizar su debate ante el Senado y que repondrá mediante indicaciones las normas sobre confidencialidad de la atención médica a las mujeres –que los organismos de Naciones Unidas exigen–, y aquellas que regulan la autorización judicial subsidiaria para proteger a las niñas que no cuentan con apoyo de sus representantes legales, contenidas en el proyecto que la Cámara Baja analizó pero que en último momento no contaron con los votos necesarios para su aprobación.

En materia de participación política de las mujeres, la Presidenta podrá destacar, además de las medidas de paridad contenidas en la reforma electoral consistentes en la obligatoriedad de incluir en proporción equilibrada hombres y mujeres en las listas de candidaturas a senadores/as y diputados/as y los aportes financieros especiales a candidaturas de mujeres (Ley Nº 20.840 sustituye el sistema binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional), las medidas que contempla la nueva Ley de Partidos Políticos en materia de composición paritaria de los órganos colegiados de los partidos (Ley Nº 20.915 fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización).

No obstante, para dar cumplimiento a los compromisos del Programa de Gobierno y a las obligaciones internacionales que se encuentran pendientes, se espera conocer en la tercera cuenta pública las propuestas para la participación política equilibrada entre hombres y mujeres en las elecciones de alcaldes/as, concejales/as, consejeros/as regionales, así como en la definición de autoridades gubernamentales, embajadores/as y representantes ante organismos internacionales, y en directorios de empresas públicas.

Asimismo, debiera la Presidenta referirse a plazos y contenidos concretos de la retrasada Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, comprometida en su campaña y reiteradamente exigida por los organismos de Naciones Unidas y la ciudadanía que crecientemente se moviliza demandando la protección de las mujeres frente a los numerosos y gravísimos ataques femicidas.

Igualmente, se espera conocer que en esta oportunidad si se impulsará la reforma a la sociedad conyugal, que por tantos años el Senado mantiene pendiente pese a haberse obligado a ello el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un Acuerdo de Solución Amistosa para evitar una condena por la violación de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

Probablemente la Presidenta Michelle Bachelet relevará sus propuestas legislativas en materia de derechos de niñas, niñas y adolescentes, como el Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez, la creación de la Subsecretaría de la Niñez y la implementación de una Defensoría, por lo que se espera anuncie que estas iniciativas serán revisadas para ajustarse plenamente al rol de garante de los derechos de la infancia que corresponde a los Estados signatarios de la Convención de los Derechos del Niño.

Resulta preciso que en esta ocasión se defina una fecha precisa para la presentación de un proyecto de Ley de Migración y Extranjería acorde a los derechos humanos de las personas migrantes y a la realidad de los flujos migratorios, que reemplazará la normativa dictada en dictadura y que por largo tiempo se mantiene retrasada.

Por otra parte, en cumplimiento a los compromisos legislativos asumidos en el Programa de Gobierno para el “respeto pleno de los derechos de las personas que forman parte de la Diversidad Sexual y de Género, en el marco de los tratados internacionales suscritos por nuestro país” (p. 186), se espera que la Presidenta de la República anuncie que impulsará el debate de la Ley de Identidad de Género que desde hace tres años se debate ante la Cámara Alta y que apoyará el proyecto de ley presentado por senadoras y senadores sobre derechos de filiación de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo, como asimismo plazos realistas para la presentación de una propuesta gubernamental sobre matrimonio igualitario que comprenda derechos de filiación.

En materia de institucionalidad en derechos humanos seguramente la Presidenta destacará la aprobación de la Ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos (Ley Nº 20.885 crea la Subsecretaría  de Derechos Humanos y adecua la Ley Orgánica del ministerio de Justicia) y anunciará su pronta implementación.

Por lo mismo, urge que se refiera a la tantas veces anunciada Defensoría de las Personas como asimismo al establecimiento de un mecanismo permanente para la calificación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar, que contemple medidas especiales para el registro, calificación y reparación de las mujeres víctimas de violencia sexual, como ha exigido el Comité contra la Tortura.

Por último, se espera que la Presidenta Bachelet anuncie que en la segunda mitad de su nuevo período sí se debatirá en el Parlamento la reforma a la Justicia Militar que garantice el debido proceso y que se limitará a la responsabilidad de uniformados por delitos de función militar, como asimismo que mantendrá su apoyo a las propuestas de reforma constitucional y de ley sobre imprescriptibilidad, inamnistiabilidad e improcedencia de indultos y prescripción gradual respecto de los crímenes de lesa humanidad; e igualmente que seguirá respaldando la discusión del proyecto sobre tipificación e imprescriptibilidad de la tortura que por tantos años el Poder Legislativo ha retrasado.

Entre otras, han sido estas las preocupaciones que las organizaciones que integran el Observatorio Parlamentario coordinado por Corporación Humanas, han señalado a la Presidenta de la República que considere en su tercera cuenta pública a fin de responder a sus compromisos gubernamentales como a las reiteradas recomendaciones  de organismos internacionales y demandas de la ciudadanía.