Nueva Agenda 2015-2017

Saliendo de Chile me ha sorprendido la reacción en el extranjero ante nuestros temas de corrupción. En una visita reciente de autoridades del sector económico chileno a sus contrapartes en Washington el tema prácticamente no apareció. En reuniones con otros latinoamericanos que escuchaban una  discusión entre chilenos, también su  reacción fue de sorpresa por nuestra  excesiva preocupación ante casos que  en otros países no suscitarían mayor reacción. En esa diferencia radica nuestra ventaja. La enérgica reacción de la comunidad chilena contra la corrupción es una fuerza decisiva para lograr estándares de transparencia y anticorrupción superiores a  los existentes.

La Presidenta  ha  trazado el rumbo y  asumido la conducción de las nuevas reformas.  Ellas se agregan a las contempladas en el programa de gobierno,  articulando  así una nueva agenda  2015- 2017.

Cometeríamos un  error si creemos que implementar tales  cambios es un simple  trámite legislativo.La historia de Chile muestra periodos oscuros.  La venta de empresas  del Estado en dictadura generó la más grande transferencia de recursos publicos  a unos pocos privados.

Tropas a la calle para defender los cheques del hijo de Pinochet y las  cuentas en el extranjero del dictador fueron  síntomas alarmantes de degradación. El proceso de investigación impulsado por  la Cámara de Diputados en 1990 para aclarar las ventas de activos públicos se frustró en medio de amenazas en los primeros años de la transición. Tampoco tuvieron  éxito  en el Congreso los sucesivos intentos de los gobiernos democráticos para  financiar con recursos públicos  campañas y partidos. La derecha se opuso obstinadamente. Igualmente se opuso a detallar  las declaraciones de intereses.

La transparencia fue ganada paso a paso, tras grandes disputas. Se fueron eliminando los enormes recursos consignados como gastos reservados.En  1994 se formó una comisión por la transparencia que corrigiera la opacidad que se heredó de la dictadura. Se creó un conjunto de nuevas instituciones como el Consejo de Alta Dirección Pública, Chile Compras y normas legales que se fueron implementado a medida que se vencían las resistencias.

A comienzos del  2000  denuncias originadas por sobresueldos provocaron nuevas iniciativas de  reforma,  se  constituyó una comision por la transparencia y en 2003 se incorporaron nuevas normas de probidad y aprobaron los primeros  recursos  para financiar las campañas electorales.En 2006 nuevamente un caso ( Chiledeportes ) gatilló otra iniciativa que se tradujo en nuevas normas pro transparencia .

Pero la historia demuestra que el empuje inicial se desgasta. Pasados los escándalos la atención afloja, nuevas coyunturas copan los medios  y los opositores a los cambios ganan tiempo para desdibujarlos. Por ello creo  necesario  instalar un Consejo Nacional de Probidad que asesore a  la presidenta durante el periodo 2015-17,  haga el seguimiento de las iniciativas legales, sugiera cómo  reforzar  las normas  que resguardan la ética en la sociedad civil, colegios profesionales, organizaciones empresariales y  organizaciones locales, la educación en las escuelas y universidades.

Lo que acontece en los  países democráticos avanzados revela que la infiltración de la política por el dinero es un tema universal. El poder económico tiene una irresistible propensión a  acumular más poder,  y busca  influenciar la política y los medios de comunicación social  para diseñar las instituciones a su favor. La imbricación del poder económico y político es una vulnerabilidad  estructural de las sociedades democráticas, que debe ser combatida día a  día. Por tanto, en Chile esta materia no debe  ser entendida como  una crisis  pasajera,  que se corrige a la  pasada.

El problema de fondo es  cómo desconcentrar el poder para profundizar la  democracia. Para lograrlo, la   primera   prioridad es resguardar que la alta dirección  de los poderes del Estado democrático no sea  cooptada o condicionada por el dinero, distorsionando la voluntad ciudadana. Hay que instalar  cortafuegos y  también blindarlos del crimen organizado, el lavado de dinero y el narcotráfico.  Pero la cabeza del Estado  no puede ser una isla en medio de una sociedad de bajo estándar ético.

Por tanto, las medidas que resguardan la probidad publica deben ser complementadas  de otras  que  limiten y sancionen  las irregularidades e  ilegalidades en el sector privado, como la colusión de farmacias, compra de acciones con información privilegiada, ajustes unilaterales de contratos por el sistema financiero, abusos de las empresas que proveen los bienes y servicios públicos, cohecho entre privados.

El avance  hacia  la transparencia y la probidad es parte del proceso de  transferencia  de  poder, en consecuencia debe ir sincronizado  con otras transformaciones económico sociales que signifiquen mayor distribución del poder.

De allí la necesidad de vincular esta iniciativa por la probidad y la transparenciaa las demás reformas comprometidas en el programa de gobierno. La  reforma tributaria,  el nuevo sistema electoral,  la educación como bien público, una  reforma laboral que equilibre las relaciones, descentralizar el  poder a regiones, fortalecer la salud pública, perfeccionar el transporte público son todas reformas que distribuyen poder y  afirman la democracia. Por tanto, la inclusión de estas nuevas reformas torne más y no menos importantes las reformas comprometidas.

Igual ocurre con el tema constitucional. El anuncio  de  la Presidenta de abrir un proceso constituyente,  criticado por sectores de la  derecha política  y algunos empresarios  y también de ciertos  sectores de izquierda que anteponen el procedimiento,  es necesario y viable. La elaboración de una  nueva Constitución enmarcaría  una reflexión  mas profunda  sobre  una nueva institucionalidad y un nuevo pacto social para el siglo XXI. Y también es un  proceso  educativo  para explicar  qué es una constitución, qué reformas  se han realizado, cuáles son sus  insuficiencias  y  las opciones de cambio.

No será un proceso simple ni fácil.  Es  una meta ambiciosa que los chilenos podemos acometer para alcanzar mejores  estándares democráticos.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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