Nueva Constitución y urgencias políticas de corto plazo

Sara Larraín

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Diversas reacciones generó el acuerdo entre el oficialismo y la oposición para la formulación de una nueva Constitución. Que fue a puertas cerradas, que porqué no estuvieron presentes los actores sociales que lograron abrir el espacio político para ello,  que el sistema electoral de diputados favorece a los partidos, que no hay cuotas, que los 2/3 y más.

Pero lo cierto es que por primera vez en 30 años estamos frente a una verdadera opción de cambio constitucional y este es un tremendo triunfo político de los ciudadanos, especialmente los jóvenes y los movimientos sociales. Estamos frente a una oportunidad histórica que muchos podríamos no haber vivido. Los ciudadanos ganamos y la Constitución de la dictadura, con sus trampas y amarres después de cuatro décadas, tiene sus días contados.

Hoy tenemos la oportunidad de formular una nueva Constitución, por primera vez en la historia no impuesta por las élites de turno y debemos concentrarnos en trabajar para lograr una amplia mayoría en el plebiscito que formalizará legalmente lo que pidió la calle, es decir la opción de la mayoría por una nueva constitución.

Junto con ganar por amplia mayoría la opción de una nueva Constitución en el Plebiscito tenemos que arrasar con la opción de que sea una Asamblea o Convención Constituyente, con 100% de ciudadanos electos, la institución que formule la nueva carta fundamental.

Adicionalmente a ello debemos estar vigilantes, pues el Acuerdo para una nueva Constitución firmado la semana pasada, es sólo un papel, que debe convertirse en un Proyecto de Ley y ser votado por ambas cámaras del Congreso.

Allí también hay un tremendo trabajo  de análisis, monitoreo e incidencia política, para que aquella Ley resguarde los intereses de los ciudadanos, les garantice representación justa, y asegure cuotas de representación de mujeres, regiones, pueblos indígenas, independientes, entre otros. Dicha tramitación también requerirá mucho esfuerzo de monitoreo e incidencia política.

Simultáneamente a estos dos frentes estratégicos, está la Agenda corta socio ambiental, para enfrentar la desigualdad y las urgencias socio ambientales que no pueden esperar el proceso constituyente para ser resueltas.

Las pensiones, el ingreso mínimo, la salud y los medicamentos; el acceso justo a los servicios básicos  (agua, energía, transporte, etc.) las reformas tributarias para que empiece a ocurrir el chorreo (los ricos y parlamentarios); la niñez y educación.

Además de las urgentes demandas de la crisis hídrica que afecta a todo el norte y centro del país, especialmente a ganaderos, campesinos, agricultores pyme y servicios de agua potable rural.

Crisis que se está expandiendo a la industria, la gran agricultura y las ciudades, y que hace urgente aprobar la  reforma al Código de Aguas en el Senado y las leyes de Protección de Glaciares y Humedales en ambas cámaras. Esta tarea requiere un estrecho monitoreo ciudadano, pues las mineras y la agroindustria persistentemente han bloqueado la tramitación de estos proyectos.

La Agenda Social ofrecida por el presidente  Piñera la primera semana de movilizaciones ciudadanas, no está a la altura de las necesidades, ni resuelve las demandas  por dignidad básica para los chilenos más vulnerables.

Son paliativos económicos como el aumento en $20.000 pesos de las pensiones mínimas, o establecer un ingreso mínimo que considera bonos y otros ingresos, pero no un sueldo mínimo y la suspensión de alzas en servicio básico de luz,  que son insuficientes tal como ha quedado en evidencia en la tramitación de la pensión mínima esta semana, y que requieren que el gobierno vaya más allá de la rebaja en la remuneración de los parlamentarios y el alza del impuesto a los ricos.

La urgencia hoy es revertir la situación de los más vulnerables ahora,  para a continuación, distribuir los beneficios del desarrollo económico.

Esto es lo que discuten los ciudadanos en asambleas y cabildos autoconvocados en todas las comunas y regiones, pero además en barrios, en universidades, sindicatos, juntas de vecinos y  clubes deportivos  para definir prioridades colectivas para un nuevo Pacto Social, que necesariamente incluye cambios estructurales al marco legal y constitucional vigente.

Como ambientalistas, junto con apoyar a fondo el proceso constituyente, hemos manifestado la necesidad imperiosa de avanzar en una agenda corta de reformas fiscales, sociales y ambientales que se tramiten en forma inmediata para responder a las legítimas  demandas de la ciudadanía, tales como las anteriormente enunciadas pues agobian a compatriotas que sufren  por décadas la  postergación de sus derechos.  

Por la misma razón, es necesario  retirar de la agenda legislativa  todos aquellos proyectos que  no aportan en la solución de la Crisis Socio ambiental, sino que la profundizan al perpetuar la desigualdad, la degradación ambiental y la ausencia de democracia.

Hoy día, es ética y políticamente prioritario responder a los niños y adultos mayores; a los pueblos indígenas y a las comunidades que viven en “zonas de sacrificio”. Los primeros afectados por la ausencia de garantías sociales básicas y los segundos afectados por discriminación y abusos políticos y ambientales graves que violan sus derechos constitucionales.

Estas son deudas profundas y estructurales que afectan la dignidad de todos los chilenos. Hay que emparejar la cancha para posibilitar una convivencia democrática entre iguales. Ello requiere una reforma fiscal de proporciones que distribuya los beneficios del patrimonio ambiental y del desarrollo económico nacional, y una Nueva Constitución que permita recuperar las relaciones y las aspiraciones colectivas  de la sociedad chilena, a través de un proceso abierto y transparente para permitir su legitimidad.