Dos lapsus, esas revelaciones del inconsciente que nos muestran verdades reprimidas, han arrojado luz sobre el espíritu de la propuesta constitucional. Primero, el consejero constitucional Luis Silva admitió que se acomoda más "desde la centroderecha a la derecha". Luego, en la presentación final de la propuesta, la presidenta del consejo, Beatriz Hevia, señaló que esta representa la esperanza de los "verdaderos chilenos", marcando una división excluyente entre ellos y los demás ciudadanos del país.
Una de las experiencias de injusticia más profundamente sentidas en nuestro país radica en el sentimiento de ser discriminado, incluso por encima de cualquier otra consideración. En este sentido, la propuesta parece formalizar esta dinámica o, al menos, abrir la puerta para que florezca.
La norma de la "objeción constitucional" es un ejemplo evidente. Brinda la oportunidad de cuestionar y rechazar derechos establecidos basándose en convicciones privadas. Las consecuencias recaerán principalmente en mujeres, jóvenes, trabajadores y personas de la diversidad sexual, entre otros. Por ejemplo, una escuela podría no recibir a ciertos alumnos o familias que no compartan sus valores institucionales. Lo mismo podría ocurrir en el ámbito laboral o incluso en lugares de esparcimiento y recreación, respaldados por normas que parecen admitir estas prácticas.
La exención universal del pago de contribuciones para la primera vivienda tendrá un impacto significativo, especialmente en las comunas más pobladas, de sectores medios y populares. Esto se debe a que estas comunas dependen en gran medida del fondo común municipal, el cual se nutre de dichos ingresos. La disminución en la recaudación de estos impuestos afectará directamente el financiamiento de los municipios que reciben estos aportes y, por ende, su capacidad para proveer servicios esenciales.
Por otra parte, si bien se establece la libertad de elección, como en el caso del prestador de salud, este privilegio estará al alcance solo de aquellos que tengan los recursos y el perfil adecuado. En realidad, como hemos visto hasta ahora, no elegimos la isapre, es la isapre la que nos elige a nosotros. Es cosa de advertirlo.
Si miramos todos estos elementos en conjunto, la propuesta camina a consagrar una cultura de la discriminación, de la cual será extremadamente difícil deshacerse. En lugar de avanzar hacia un país más inclusivo y solidario, nos encontramos en una senda que amenaza con dividir, discriminar y segregar. La discriminación no es solo un acto individual, sino que puede ser institucionalizada a través de políticas y leyes que favorecen a ciertos grupos en desmedro de otros.
Es crucial orientar nuestros esfuerzos en una dirección opuesta, hacia un tiempo donde podamos colaborar en función de intereses comunes y una identidad compartida, desde un punto de partida equitativo en algunos derechos fundamentales. Algo de eso se ha ido, durante décadas, lentamente forjando, a lo cual el país no se puede retrotraer.
Por esta razón, es esencial un voto que promueva la unidad en lugar de la división, la inclusión en lugar de la discriminación y la unión en lugar de la segregación.
Esta nueva propuesta nos devuelve al punto de partida de la Constitución de 1980. En este sentido, podría considerarse que el remedio es peor que la enfermedad. Retrocede hacia la pretensión original de la Constitución del '80, en su impronta refundacional de corte conservador y neoliberal, pero sin tomar en cuenta las múltiples reformas y cambios posteriores. Esto implica deshacer los avances hacia una mayor protección social y derechos ciudadanos. En la misma dirección, los espacios de más libertad y mejor democracia conquistados se desdibujan. Requerimos un rumbo que amplíe, no que retroceda
Tras el plebiscito, sea cual sea su resultado, es probable que no tengamos mucho que celebrar. A lo más experimentar algo de alivio, para seguir perseverando en el esfuerzo constante por una convivencia digna y justa para todos.
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