Partidos políticos y representación social, el caso del PS en Chile

José Orellana

Ultimos publicados:

• Gobernaciones regionales y relaciones espaciales de poder: Siempre más democracia
• A río revuelto… la fragmentación partidaria vs. pactos electorales
• ¿Seguridad pública sólo urbana? Consideraciones desde la ruralidad

^{Co-escrita con Hernán García Moresco, licenciado en Educación en Matemática y Computación, diplomado en Big Data y diplomado en Ciencias Políticas y Administración Pública}

Llegar a los 90 años pareciera no ser una gran proeza en un país cuyo estándar de vida ha tendido a aumentar. La diferencia está en el hecho que una organización social se mantenga activa y vigente durante 90 años, por ello interesa detenerse en un análisis, aunque somero, del hecho.

El sistema de partidos políticos, en cuanto objeto de estudio de la ciencia política y disciplinas como la sociología y la geografía, entre otras, operativiza las estructuras institucionales nacionales (gobierno nacional- sub/nacionales, Congreso, otros), sumándose estos, además, a uno más amplio aún: el sistema social (ciudadanía, organizada o no). Cabe indicar que ellos (los partidos) regularmente están circunscritos en un espacio geográfico diverso, más o menos cohesivo, a partir de las intensidades en las cuales se dan las características identitarias de los territorios.

En el entendido que los partidos políticos son el resultado de interrelaciones sociales, económicas y culturales escalares e interescalares (barrial, local, regional o nacional), que permiten a la ciudadanía adherir o alejarse de estas organizaciones (colocándolos en los estudios de opinión en posiciones bien desmejoradas), es que llaman la atención los 90 años cumplidos, hace unos días, por el Partido Socialista de Chile.

Una de las interacciones, en su médula institucional, incorpora concretamente la ideología y el ejercicio práctico de la política, permitiendo la imperecedera contradicción que ello implica, más cuando deben enfrentarse las legítimas demandas de las 'persona-territorios' y las posibilidades reales de satisfacerlas, dados los escasos presupuestos económicos en contexto de disputa política con otras actorías del sistema político (otros partidos) y social (movimientos sociales, otros).

Lo anterior, además, colocado en el contexto creciente de síntesis populistas vs. la responsabilidad país en un contexto de logro de la gobernabilidad, es decir disciplinas fiscales (entre otras), siendo dificilísimas de administrar ante la irrupción de demandas sociales como la actual crisis migratoria, de seguridad pública, de salud, educación, pensiones, ambientales, entre las más urgentes.

Se sabe, en el estudio de estas ciencias, que cualquier definición ideológica obliga a la contradicción, ya que el proyecto de una ideología -llevado al espacio geográfico de lo posible- sino la tuerce, debe ajustarse a esa realidad, implicando, después de la contradicción, la concebida tensión política interna de cualquier organización.

En el caso del Partido Socialista de Chile, en sus 90 años integró, integra y seguirá integrando un sistema de partidos, seguirá conviviendo con contradicciones y permitiendo una importante y legítima crítica interna como externa del mismo. Así, henos aquí, en un nuevo capítulo de su historia, bregando por un proceso constitucional de continuidad, tras el nacido en octubre de 2019 (con acuerdo de noviembre del mismo año), pero también tras el instalado formalmente en el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

Es acá donde los años de formación de cuadros y proyectos ideológicos marcan la diferencia con otros proyectos ideológicos. Pues es difícil obtener la valoración social de acciones como la conversación, el acuerdo, la negociación y construcción de consensos, cuando la sociedad se mide por aspectos económicos tangibles, medibles en materialidad. Cuesta reconocer en público, que los acuerdos alcanzados para realizar una nueva Constitución son un proceso de conversación que ayuda a dar paz social en Chile. Pero en privado las familias, intuyen que es mejor acordar con bordes (los 12), expertos (Comisión) y elegir representantes (Consejo Constitucional); pues la historia, probablemente, problematizará, quienes nos llevaron a este tercer momento constitucional.

Lo que resulta indesmentible es que el estallido social debeló y confirmó la existencia de precariedades sociales en materias como medio ambiente, previsión y derechos sociales, por mencionar algunas, donde los territorios aún guardan energías sociales, que además están contenidas y buscan alcanzar sus propias definiciones. Por ello, los partidos políticos deben retomar y hacer propia la tarea de representación social, con 5 o 90 años de experiencia; pues es el rol al que están llamados para contribuir en el logro de una sociedad y donde el Estado debe focalizar su gestión, en orden al logro de bien común.