El ejercicio de la política institucional en democracia tiene como uno de sus elementos básicos la interacción entre actores que piensan distinto. De dicho relacionamiento dependerá el éxito o fracaso de políticas públicas o leyes que se intenten impulsar en el seno del Poder Legislativo. Esto es bastante obvio. Lo que no es tan obvio dice relación con aquello, en concreto, sobre lo que sería correcto transar o no.
En la disputa que se encuentra la derecha chilena por la hegemonía del sector -como en tantas otras ocasiones- el debate sobre qué es y qué no es de principio se ha tomado la discusión. Algunos han hablado de las bondades de los acuerdos, que lo importante es Chile y los chilenos y que la negativa a negociar es sólo expresión de intransigencia.
Y ahora, justo cuando el Gobierno inicia una nueva ofensiva legislativa que le permita avanzar hacia el objetivo que ha explicitado en diversas instancias -acabar con el sistema de capitalización individual- importantes sectores de la oposición deciden abrir un forado en aquello en lo que había cierta unidad de causa. Esa unidad de causa justamente se basaba en un principio fundamental, de un derecho natural y que todos quienes dicen tener la libertad por bandera, deberían defender: La propiedad privada.
La apertura de algunos senadores de oposición a negociar con el Ejecutivo y abrirle la puerta a colectivizar aunque sea parte de los fondos de pensiones, viene a decirnos que para algunos la cuestión sobre la propiedad de dichos fondos no es una cuestión de principios y cae en la amplia bolsa de aquello que es transable. En otras palabras, para parte importante de la oposición la propiedad privada y más específicamente, la propiedad privada sobre los recursos que se han generado gracias a esfuerzo y trabajo, son elementos disponibles y negociables.
Esto se vuelve particularmente torpe cuando el sentido común, la opinión mayoritaria, el consenso ciudadano, o como quieran llamarlo, está de tu lado. Por lo general, a las derechas en nuestro país les ha tocado navegar contra la corriente como consecuencia del avance de la agenda progresista a nivel cultural. En otras palabras, la izquierda ha sido más hábil y ha trabajado más duro en convertir los temas en que ella cree en cuestiones de sentido común. Pero el derecho de propiedad sobre los fondos de pensiones había logrado escapar a esta dinámica. Tanto los retiros -cuestionables por sus efectos previsionales y económicos-, como los movimientos que se dieron en torno al primer proceso constituyente demostraron el apoyo mayoritario de los chilenos a la concepción de que los fondos de pensiones son de propiedad de los trabajadores.
Winston Churchill dijo que llegado el momento de elegir entre la guerra y la vergüenza, se eligió esta última y se tuvo igualmente la guerra. El escenario en Chile posiblemente le dé la razón a Churchill, puesto que la vergüenza de traicionar las propias convicciones por un cambio acotado nos lleve a una lamentable lucha por el sistema de pensiones y más profundo, por el derecho de propiedad y no haga más que azuzar el conflicto por la hegemonía de la derecha. Está por verse quién ganará esta disputa.
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