Presupuesto 2026: no priorizamos reducir pobreza

Liliana Cortés Rojas

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Hace tres meses, la Comisión Asesora Presidencial para la actualización de la Casen emitió su informe con nuevos parámetros para medir la pobreza. Siguiendo estas recomendaciones, la pobreza por ingresos observada en 2022 pasaría del 6,5% al 22,3%, un incremento significativo que se traduce en una cruda realidad: en nuestro país más de 4.4 millones de personas viven en esta situación.

¿Responde el actual proyecto de Ley de Presupuestos 2026 a los desafíos que supone esta noticia? Lamentablemente, no. El análisis del presupuesto 2026 no da señales. En ningún caso, apuestas y convicciones que permitan suponer que nos ocuparemos de las personas más vulnerables de nuestro país.

Entre las noticias alentadoras aparecen el aumento de recursos para el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (8,9%) y el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia (10,3%), así como el importante salto (74,1%) en el presupuesto del Ministerio de Vivienda al Subsidio al Arriendo. Por el contrario, caen los recursos destinados a los programas que atienden a las personas en situación de calle; a jóvenes y adultos excluidos del sistema escolar; y al programa que apoya el tránsito a la vida independiente de personas con discapacidad. Se eliminan también algunos componentes del Chile Solidario, como los programas "Eje", "Habitabilidad" y "Apoyo a Familias para el Autoconsumo".

Más allá de las variaciones anuales y las explicaciones del Ejecutivo respecto a duplicidad de programas, lo relevante es que el abordaje de la pobreza sigue siendo un esfuerzo parcelado donde el esfuerzo interministerial es complejo de alcanzar. Se mantienen, además, normas que dificultan la colaboración entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.

Luego de que se conociera el llamado "caso Convenios" en 2024, nuestros representantes tomaron una serie de medidas que buscaron elevar las restricciones a la hora de asignar recursos públicos a organizaciones, pero sin ninguna consideración por el trabajo que muchas instituciones hemos realizado por décadas junto a las personas más vulnerables del país.

El tema de fondo es cómo se dibuja una nueva relación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Como mencionan Pablo González y Miguel Cillero en El Mercurio, es importante repensar un vínculo que promueva un trabajo colaborativo, con regulaciones y exigencias claras, pero que en ningún caso se transformen en una maraña burocrática que dificulta la tarea.

Un país donde el 20% de su población vive en pobreza requiere de esfuerzos mancomunados entre todos. La Ley de Presupuestos 2026 es una oportunidad perdida para empezar a transitar por esta senda.