Prioridades de la defensa nacional
La defensa nacional, junto con la política exterior son por excelencia las principales políticas de Estado, cuyos objetivos van más allá de la coyuntura, porque responden a los intereses permanentes del país. Por lo mismo, una buena política de defensa surge de un amplio consenso nacional, y para su éxito, el apoyo que concite debe ser suprapartidario.
Nadie puede desconocer que hoy en día el panorama global está mutando aceleradamente. Existen más conflictos que a inicios de siglo y cada vez son más profundos y abarcan a un mayor número de naciones. La economía sufre -y en parte explica- este nuevo escenario. Si bien la mayoría de estos conflictos se desarrollan en latitudes lejanas, sus efectos se hacen sentir en todo el planeta. Esto afecta en especial a países como Chile, que adoptó hace décadas un modelo exportador, abierto a toda la economía global.
Por lo anterior, existe relativo consenso en los centros de pensamiento estratégico de que se hace necesario actualizar nuestra apreciación político-estratégica, identificar los riesgos y amenazas que se deben atender y por cierto, traducir esta reflexión en una política de seguridad que englobe el potencial nacional. En ese contexto, debe plasmarse la política de defensa.
Por cierto, es aconsejable que esas definiciones se adopten idealmente al inicio de una administración (y no al final como ha sucedido), de una forma institucional, con participación en especial de las instituciones que llevaran el peso de la implementación de esa política.
Por lo mismo, llama la atención la iniciativa surgida de parte de algunos senadores (la mayoría del oficialismo) que busca modernizar el Estado Mayor Conjunto (EMCO) mediante una reforma constitucional ad hoc.
Dicha iniciativa provoca varias interrogantes. En primer lugar, por la premura (fue presentada el 25 de marzo). Segundo, porque tocando una pieza fundamental como lo es el EMCO, no proviene del Ministerio de Defensa, órgano encargado constitucional y legalmente de la planificación. Por supuesto, llama la atención que la mayoría de sus autores sean integrantes de fuerzas políticas afines al gobierno. Tercero, porque cabe preguntarse si esta moción apunta al tema central y prioritario de nuestra defensa.
El porqué de la premura deberían explicarlo los autores de la iniciativa. Asimismo, el Ministerio de Defensa debe trasparentar hasta dónde esta iniciativa se inserta en su planificación. Es presumible dada la premura que en el proceso de elaboración no hayan participado las instituciones encargadas de la defensa, y por cierto, tampoco es fruto de una reflexión nacional, suprapartidaria y de amplio consenso en el país.
Es positivo que sectores del poder legislativo se preocupen de la defensa, no ha sido la tónica en los últimos años. Mas, sería altamente recomendable que esta u otras iniciativas tuviesen como punto de partida una convocatoria y una reflexión nacional e institucional.
Tema aparte es el contenido, sobre lo cual no se ahondará en esta oportunidad por la limitación de una sencilla columna de opinión. Aunque emerge la inquietud propia del tema central: ¿La necesaria actualización de nuestra apreciación político-estratégica se reduce a una modernización del EMCO?
El proyecto de reforma constitucional en cuestión avanza fundamentos, que forman parte del debate nacional, y abarca muchos temas relativos a la seguridad más que a la defensa, en especial el tema de los estados de excepción. Sin lugar a dudas que es un tema a asumir, pero entra la duda de si las dificultades que enfrentan los Estados de Excepción obligan a una remodelación de toda la arquitectura de la defensa.
La definición de los objetivos siempre orienta las estructuras necesarias para alcanzarlos, la identificación de los riesgos y amenazas ilumina la estrategia para enfrentarlos, y define entre otras materias, los instrumentos estatales necesarios, entre ellos, la fuerza.
Es bueno ser creativo, pero la construcción de teorías implica asimilar y precisar elementos conceptuales comunes y compartidos, en eso el proyecto incursiona en temas que habría que barajarlos más despacio, como la "vigilancia estratégica del Estado" porque de lo que se puede desprender corresponde a tareas de ciberseguridad para lo cual el país ha definido políticas y constituido agencias.
Finalmente, recordemos que Chile modernizo hace más de cinco lustros el Ministerio de Defensa Nacional mediante la Ley 20.424 (2010). Por cierto, parte de las tareas que debemos enfrentar es hacerle la revisión de los 10.000 km a este proceso, donde de todas maneras el tema del EMCO debe incluirse, al igual que otras. Pero, en mi humilde experiencia, luego de varias reencarnaciones en diferentes subsecretarias ministeriales, se debe abordar como lo señalamos al inicio: con la más alta participación institucional, con rigor conceptual y profesional, y construyendo la mas nacional de las visiones posibles en la materia.