Pulsión de muerte y elecciones Chile 2025
En su obra de 1920 "Más allá del principio de placer", el famoso psicoanalista austriaco Sigmund Freud señalaba que "aparte del Eros, que busca conservar la vida y llevarla a un mayor grado de complejidad, encontramos en el ser humano otra pulsión fundamental: la pulsión de muerte, que tiende a la disolución, a la destrucción, y que en última instancia conduce a la autodestrucción".
En el actual escenario electoral chileno, resulta preocupante observar que algunos candidatos articulan propuestas que bien podrían interpretarse desde la noción freudiana de la pulsión de muerte, pues lejos de sostener y perfeccionar los consensos alcanzados en torno a políticas de Estado, apuntan a desmantelar logros construidos con esfuerzo colectivo, y reconocidos internacionalmente.
En los últimos años, Chile ha logrado avances significativos en materias que son consideradas pilares del desarrollo moderno: la transición energética, la electromovilidad, el fortalecimiento del derecho a la salud, el avance hacia un sistema de pensiones más justo y la equidad de género. Estas áreas no solo han mejorado la vida cotidiana de millones de personas, sino que también han proyectado al país como un referente internacional en sostenibilidad, equidad, políticas públicas innovadoras y grandes acuerdos.
La transición energética es quizás el ejemplo más emblemático. Chile se ha posicionado como líder en energías renovables no convencionales y como país pionero en proyectos de hidrógeno verde, aprovechando su abundancia en sol, viento y litio. Esta transformación ha sido reconocida globalmente como un caso de éxito en la lucha contra el cambio climático y en la diversificación de la matriz productiva. A esto se suma la electromovilidad, siendo Santiago la ciudad con la mayor flota de buses eléctricos fuera de China. Este éxito ha permitido la reducción sustantiva de la contaminación atmosférica y acústica de la capital, la expansión de esta política al resto de las regiones y el fortaleciendo de la marca país.
En paralelo, Chile ha avanzado en reformas sociales que apuntan a avanzar hacia un Estado de bienestar moderno y financieramente sostenible. El debate previsional, aunque aún inconcluso, ha permitido avanzar hacia un sistema de pensiones universal y con instrumentos de solidaridad, alejándose del abandono individualista que dejó en la precariedad a gran parte de los jubilados.
En materia de salud, el reconocimiento del acceso como un derecho, y no como un privilegio, ha orientado políticas destinadas a reducir listas de espera y garantizar cobertura en enfermedades de alto costo. El avance en derechos de las mujeres también merece destacarse. Políticas de promoción de la corresponsabilidad, mayor equidad salarial, acceso a espacios de liderazgo, protección frente a la violencia de género y derechos reproductivos son conquistas que no pueden ser relativizadas ni puestas en entredicho.
Estos procesos, en conjunto, configuran políticas de Estado. No son logros de un gobierno en particular, sino esfuerzos sostenidos en el tiempo que han dado resultados concretos y reconocimiento internacional a Chile. Han sido además producto de complejos acuerdos transversales, que entendieron la necesidad de adaptar a la Nación al cambio cultural y a las demandas sociales.
Frente a este escenario, la irrupción de propuestas políticas que buscan revertir estos avances constituye una amenaza real. Tanto José Antonio Kast como Johannes Kaiser han representado visiones que se alejan radicalmente de la senda construida. Kast, en su programa, ha minimizado la importancia de la transición energética y de la electromovilidad, subordinándolas al discurso de la desregulación y la libertad de mercado. Su enfoque en pensiones se reduce a reforzar un sistema de capitalización individual que ha demostrado ser insuficiente, mientras que en salud plantea profundizar la privatización, debilitando la noción de derecho universal.
Por su parte, Kaiser se ha caracterizado por un discurso abiertamente contrario a los avances en materia de derechos de la mujer y libertades civiles, relativizando conquistas históricas bajo la premisa de un ideario ultraconservador. Estas posiciones no solo significan un retroceso cultural y político, sino que ponen en entredicho compromisos internacionales suscritos por Chile en materia de igualdad de género y derechos humanos.
La pregunta que enfrenta hoy Chile es clara: ¿Queremos sostener políticas de Estado que han dado frutos y reconocimiento internacional, o arriesgarnos a un retroceso que nos aleje de los consensos modernos en materias tan sensibles como el medioambiente, las pensiones, la salud y la igualdad de género? Apostar por la continuidad y el perfeccionamiento de estas políticas no significa negar la necesidad de ajustes o de mayor eficiencia, pero significa reconocer que, en un mundo en transformación, retroceder no es una opción.
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