El freno de mano que la ciudadanía le puso a los afanes refundacionales del octubrismo, que el gobierno de Gabriel Boric buscaba institucionalizar, han hecho que la coalición gobernante tenga que recular respecto a sus planes iniciales y su propia retórica. La polémica de los indultos es el mejor reflejo de esa especie de esquizofrenia que afecta al Ejecutivo. El clima de opinión ha cambiado a tal nivel, que quienes planteaban con ahínco refundar las policías ahora manifiestan su apoyo prácticamente incondicional a Carabineros, al menos frente a las cámaras. Probablemente se han dado cuenta que son los uniformados, y no los encapuchados, los que les protegen a ellos como autoridades y les permiten pasear tranquilamente en bicicleta.
Detrás de ese giro en el clima de opinión hay una vieja regla, ya descrita hace siglos por pensadores griegos y que los franceses aprendieron con el arribo de Napoleón como emperador: del ardor desenfrenado de las multitudes no surge más democracia, sino que se abre la puerta de par en par al decisionismo político. Del desorden generalizado de las masas surge el deseo, de esa misma muchedumbre, por un tirano que imponga orden. Ninguna sociedad puede vivir en un caos permanente.
En las sociedades democráticas modernas, donde la autoridad se supone despersonalizada y regida por normas legales, el orden jurídico es clave no sólo para preservar libertades y derechos de los ciudadanos, sino para generar certezas jurídicas que se traducen en mayor bienestar social en el largo plazo. Todos necesitamos tener la certeza que nadie va a saquear nuestro negocio recién abierto o que nadie se tomará nuestro futuro departamento o la casa de nuestros padres ya fallecidos. Tener la expectativa de que no estaremos sometidos a la arbitrariedad de un tercero es fundamental para vivir más civilizadamente. Por eso, ningún Estado fallido o anómico, aunque consagre la felicidad en su constitución, es capaz de garantizar calidad de vida para su población.
La actual coalición gobernante, Apruebo Dignidad, está pagando el costo de haber horadado abierta y conscientemente la noción de autoridad bajo la pretensión de "darle con todo" a Piñera. Lo que no consideraron fue que en ese afán arrojaron al niño con el agua de la bañera. Hoy Boric y su gobierno debe encarnar la seguridad y el orden, pero cuesta creerles cuando hasta hace no poco el mismo Mandatario validaba, entre otras cosas, las barricadas y el vandalismo. El chiste se cuenta solo. Los mismos que antes aplaudían saltar los torniquetes, ahora cuestionan las evasiones en el Metro. Gabriel Boric ha llegado a tal impostura que, frente al auge del problema delictivo, no anunció el fin de la fiesta, sino que llegó a decir que: "Vamos a ser unos perros".
La crisis de autoridad no se ha resuelto. Eso se refleja en la anomia que se hace recurrente en diversos espacios y niveles. Un tipo orinando en el Metro a vista y paciencia de todos es un reflejo de la inmoralidad pública reinante. El problema es que Chile está enfrentando problemas que se tornan más complejos cuando existe un vacío en términos de autoridad. Tenemos cuatro jinetes del apocalipsis: mafias de trata de personas, narcotráfico, el terrorismo y el tráfico de armas.
En Chile, el delito de trata de personas con fines de explotación sexual aumentó en 460% en 2022. La impunidad y descontrol migratorio es terreno fértil para las mafias ligadas a este flagelo. Chile es el tercer país de salida de drogas. El puerto de San Antonio ha sido catalogado por la ONU como principal punto para trasladar droga a América del Norte y Europa. Chile es el segundo país, después de Colombia, más impactado por acciones terroristas según un informe internacional desarrollado por el Instituto de Economía y Paz (IEP), donde el mayor número de víctimas se ha producido en los últimos dos años. El tráfico de armas es un negocio que tiene múltiples enlaces tanto en el extranjero como internas. Se han descubierto redes con Argentina y peor aún, se han desbaratado mafias en las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Un Estado de Derecho no puede prescindir de la noción de autoridad. Los efectos de ese vacío, por ejemplo, se visualizan cuando los policías hacen un control rutinario de vehículos. Las normas y su cumplimiento no pueden depender de la simple imposición por parte de quienes ejercen autoridad. El costo de cumplir normas se vuelve muy alto. Solo imagine un profesor al que los alumnos le niegan su carácter de autoridad, pero debe imponer orden en la sala o el patio. Eso es lo que ocurre en los colegios emblemáticos en sentido estricto.
Quienes hoy conforman la coalición gobernante, o una parte de ellos, claramente ayudaron a vaciar la noción de autoridad con su infantilismo octubrista. El problema es que no fueron capaces de restablecer la noción de autoridad una vez llegados al poder. Ello explica lo difícil que se les ha hecho "normalizar" al país. Pero claro, si donde hay vacío de autoridad, el transgresor de la ley actuará con mayor audacia sin mediar ninguna clase de límite, sea un asaltante, un migrante ilegal o un terrorista.
El reclamo de los policías en cuanto al respaldo del gobierno también se relaciona con el vacío en términos de autoridad. Si el discurso político se manifiesta a favor de vándalos y no a favor de quienes resguardan un negocio, es difícil que la acción policial tenga sentido. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las tomas ilegales o el comercio ambulante. El problema es que eso no afecta a quienes enarbolan discursos políticos irresponsables sino a ciudadanos que, a diferencia del Presidente, no tienen un escolta para pasear tranquilamente en bicicleta o cuidar su negocio frente a las mafias de ambulantes.
El vacío de autoridad fue comprendido por algunos políticos de fuste, ello explica la irrupción de la vieja escuela concertacionista en el gobierno de Boric y el desplazamiento desde posturas refundacionales a imposturas moderadas como la de Maite Orsini. Pero el vacío continúa. Ello explica que un diputado se declarara tiempo atrás como sheriff. La derecha tampoco muestra muchas opciones de liderazgo en ese sentido, mientras en su seno afloran, sutilmente, apelaciones al decisionismo populista estilo Bukele. La tarea de recomposición de la noción de autoridad será compleja y es urgente.
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