¿Quién paga la compensación?
Hay decisiones que dicen mucho sobre cómo entendemos la justicia. La fórmula aprobada por el Senado para cubrir, con recursos públicos, la pérdida de ingresos que enfrentarán algunos municipios tras la exención del pago de contribuciones es una de ellas.
Durante décadas, el financiamiento municipal en Chile ha respondido, con todas sus limitaciones, a un principio básico de justicia distributiva: cuando los recursos son escasos, deben destinarse prioritariamente a quienes enfrentan mayores necesidades. No todas las comunas parten desde el mismo lugar ni cuentan con las mismas capacidades para responder a las demandas de sus habitantes.
La nueva fórmula rompe con esa lógica. Si algunos municipios dejan de recaudar contribuciones, el Estado cubrirá esa diferencia con recursos de todos los chilenos. Es decir, también con los impuestos de quienes viven en comunas donde las luminarias permanecen apagadas, las cámaras de seguridad no funcionan, los consultorios atienden con presupuestos insuficientes y los hoyos en las calles reaparecen cada invierno.
El problema no es ayudar a quienes realmente lo necesitan. Si un adulto mayor con ingresos limitados requiere apoyo para conservar su vivienda, esa protección es razonable y ya existe. Hoy miles de personas mayores acceden a exenciones o rebajas en el pago de contribuciones según su edad, sus ingresos y el avalúo de su propiedad. La discusión, por tanto, no es proteger a quienes viven en una situación de vulnerabilidad, sino ampliar un beneficio que también alcanzará a propietarios que no enfrentan esa condición.
La pregunta de fondo es otra: ¿Es justo que el costo de esa decisión lo asuman todos los contribuyentes?
Según el informe financiero del proyecto, la compensación podría alcanzar cerca de $200 mil millones al año. Son recursos que dejarán de destinarse a salud, educación, seguridad, vivienda o inversión en las comunas que más lo necesitan.
Existía una alternativa. Un total de 104 alcaldes de oposición e independientes propusieron que esos recursos ingresaran al Fondo Común Municipal, para distribuirlos de acuerdo con las necesidades y capacidades financieras de cada comuna. El objetivo era fortalecer la solidaridad territorial y utilizar los recursos públicos para reducir las brechas entre comunas, no para ampliarlas.
Las cifras muestran por qué esta discusión importa. Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea podrían recibir en conjunto cerca de $30 mil millones, equivalente al 15% de toda la compensación nacional. Mientras tanto, las otras 343 comunas del país deberán distribuir el 85% restante, muchas de ellas enfrentando diariamente pobreza, déficit de infraestructura, inseguridad y una creciente demanda por servicios públicos.
No se trata de enfrentar a una comuna con otra. Se trata de definir cuál debe ser el propósito de los recursos públicos. Si el Estado existe para reducir desigualdades, resulta difícil justificar que el esfuerzo colectivo termine compensando, principalmente, a los municipios con mayor capacidad patrimonial.
Una vez más, el Gobierno socializa los costos y concentra los beneficios en quienes menos necesitan esa ayuda. Al final, la discusión no es solo sobre contribuciones; es también sobre el país que queremos para el futuro. Uno donde los recursos públicos contribuyan a reducir las brechas territoriales o, por el contrario, uno donde terminen financiando las ventajas de quienes históricamente han contado con mayores oportunidades.