Rechazar todo nuevo intento autoritario, cuidar la democracia

Durante las últimas décadas, en América Latina, se han desarrollado experiencias autoritarias, de distinto signo. Sin embargo, todas ellas, ya sea en su origen o en su ejercicio, han desarrollado una conducta que está en la esencia de la ruptura del Estado de derecho: la decisión de la autoridad, incluso varias de ellas elegidas democráticamente, de ejercer la administración del Estado, eludiendo los contrapesos institucionales que, en una democracia representativa, le son entregados a los Congresos nacionales. 

Ello es lo que, desgraciadamente, está presente en los anuncios del actual gobierno que, en la palabras de su vocera y del Ministro de la Presidencia, han reiterado la decisión presidencial de “gobernar por decreto”, dado el ejercicio de la voluntad popular, que adjudicó a la oposición, la mayoría de los parlamentarios de ambas ramas del congreso. 

Desgraciadamente ello no es desconocido en nuestra historia republicana. Ya a principio de la década del 70, conocimos el recurso de los “resquicios legales”, mecanismo utilizado por el gobierno de la época, para abstenerse de pasar por el Congreso nacional, desarrollando buena parte de su gestión por la vía administrativa, lo que sirvió de base justificatoria a quienes alentaron el golpismo, que llevó al país a la peor tragedia de su historia, la dictadura cívico militar. 

Del mismo modo, ello está presente en la realidad venezolana, donde el gobierno de Maduro, que disolvió el Congreso de la nación, una vez que perdió la mayoría en esa instancia, gobernando por decreto, lo que ha hecho, desde todo punto de vista, cuestionar la validez jurídica de su gestión. 

Siempre, en todas las experiencias conocidas, la preocupación es que estos procesos suelen radicalizarse y ser irreversibles; es decir, van llevando a quienes adoptan ese camino, a formas cada vez mas desembozadas de conducta autoritaria, provocando, como hemos señalado, a la corta o la larga, las peores tragedias institucionales, con el atropello a todos los derechos de las personas, a partir del debilitamiento o sustitución de las instituciones en que se sustenta la democracia. 

Deberíamos hacer votos porque el gobierno recapacitara en esta pretensión y, por otra parte, exigirnos y exigir de las autoridades de las dos ramas del Congreso una conducta, primero denunciatoria y luego de protección de las potestades del parlamento, construyendo un verdadero dique que impida, con toda la fuerza de la ley y la constitución, que se pueda llevar adelante esta pretensión de la autoridad presidencial, que solo augura un período de tensión institucional que puede desembocar en enfrentamientos, primero institucionales, luego políticos y, como siempre, finalmente sociales, con resultados que ya sabemos, u gran daño al país, cuyas consecuencias se terminan pagando por décadas.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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