Coescrita con Gael Yeomans, diputada de Convergencia Social; y Jaime Sáez, diputado de Revolución Democrática
El caso de coimas al SII y la CMF nos ha mostrado crudamente la envergadura y profundidad del crimen económico y organizado en nuestro país. Entre otros escándalos, los audios revelan cómo el empresario Daniel Sauer evadió una deuda de $3.500 millones con el SII, pagando solo $100 millones en coimas a funcionarios y otros $40 millones en honorarios a abogados.
Pero a pesar de que nos pueda conmover el descaro y facilidad con la que se infringen las leyes, ya era conocido para todos los que hemos estado atentos a la discusión tributaria que el fenómeno de evasión y elusión de impuestos es un problema estructural e ideológico en nuestro país. Lejos de ser un caso aislado, se estima que los ingresos que el país deja de percibir por estos delitos son del orden del 7% del PIB. Esto quiere decir que, sin necesidad de subir los impuestos, simplemente haciendo cumplir las leyes, podríamos financiar holgadamente todo el presupuesto en educación o todo el presupuesto en salud, los que se sitúan en torno al 5,5% del PIB.
No está de más recordar, ahora que el tema vuelve a la palestra, que el proyecto de reforma tributaria presentada por el Gobierno en 2022 contenía una robusta agenda para combatir estos abusos. Además de fortalecer las normas y endurecer las penas, la reforma proponía modernizar las instituciones a través de la figura del denunciante anónimo y del levantamiento del secreto bancario frente a sospecha de delitos económicos. Lamentablemente, la oposición se dio el gusto político de negarse a la idea de legislar.
Este año el Gobierno ha puesto urgencia al proyecto de inteligencia económica que de aprobarse, sería bastante provechoso para enfrentar el crimen organizado. Pero la oposición, en este caso, representada por el senador Felipe Kast, simplemente frena el avance, no poniendo en tabla el proyecto. Qué decir de la negativa que han mostrado frente a la propuesta de Pacto Fiscal.
Argumentos técnicos no hay. Además, de organizaciones internacionales, como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional acaba de insistir, por segunda vez este año, que Chile requiere aumentar la recaudación a través de la modificación a su estructura tributaria. Para asegurar la estabilidad financiera y económica del país, es necesario primero garantizar los derechos sociales que demanda la ciudadanía. No hay atajos.
Su negativa no es inocua y envía pésimas señales: que en Chile los que tienen más pagan menos impuestos, y más terrible aún es un apoyo directo a la impunidad para quienes evaden y eluden. Ya basta, lo que requerimos es tener una oposición a la altura y que deje de dar paso libre a la corrupción.
Desde Facebook:
Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado