Relaciones laborales y nueva Constitución

Mauricio Araneda
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Co-escrita con Yerko Ljubetic, exministro del Trabajo y Previsión Social y director del Diplomado Internacional Derechos Humanos y Empresa UAH

Más allá del resultado que finalmente arroje el plebiscito de salida, no cabe duda de que el debate y las definiciones constituyentes sobre las normas que regularán las relaciones laborales están en línea con los fenómenos que han venido emergiendo en el mundo del trabajo en los últimos años.

Entre esas cuestiones destaca especialmente el énfasis en los derechos fundamentales, que se consolidan como factores ineludibles en la consideración de trabajadoras y trabajadores y sus circunstancias en la empresa, y en el desplome de las barreras que hasta hoy contienen y acotan los límites de la negociación colectiva.

No obstante la opinión que se tenga sobre estos asuntos, es innegable la acogida que tuvieron en la discusión constitucional y la orientación con la que se arribó a las conclusiones que incorpora el texto, que dan cuenta y son consistentes con las expectativas de democratización y horizontalidad que recorren el país en los últimos años, y que precisamente se canalizaron a través de tan inédito proceso constituyente.

Desde ese punto de vista, sea cual sea el veredicto popular en el próximo 4 de septiembre, el respeto a los derechos humanos y su efectivo reconocimiento como límite a las facultades del empleador deberá irse erigiendo aceleradamente como eje de cualquier política de relaciones laborales, en una perspectiva general, que asoma en otras disposiciones del borrador constitucional, sobre las relaciones entre la actividad económica y los derechos de las personas, y las comunidades.

En el mismo sentido, la ampliación de los contenidos posibles de los procesos de negociación colectiva, así como la extensión significativa de su cobertura, en la medida que sus actores desborden los límites de cada empresa en particular, refleja un camino que ya se venía recorriendo en los hechos y que la Convención recoge en su más amplia expresión.

Hay fundadas razones para mirar el horizonte que estas definiciones abren con más optimismo que el que trasuntan muchas declaraciones señaladas en el debate público. Las nuevas modalidades de producción y trabajo que se vienen dando en todo el mundo, notablemente aceleradas por las condiciones derivadas de la pandemia, hacen cada vez más complejas las regulaciones normativas que, por definición, no atienden a características ni condiciones particulares y deben tender a la generalidad y el promedio.

Las evidentes necesidades de adaptar procesos y formas de organización a una realidad cada vez más diversa e impredecible deberán descansar crecientemente en el diálogo social y en el reconocimiento a lo imprescindible del otro y de sus derechos, de manera que los acuerdos, eficaces y legítimos, permitan una mirada compartida sobre los escenarios que habrá que enfrentar. No cabe duda de que esta aproximación positiva a un futuro más bien marcado por la incertidumbre enfrentará enormes dificultades y requerirá cambios importantes en una cultura laboral marcada por la desconfianza, el autoritarismo y los prejuicios.

La sociedad civil y el Estado deberán invertir el tiempo y los recursos necesarios para contribuir a esos cambios de manera que haya amplio acceso al conocimiento y las destrezas que se requieren para desenvolverse con cada vez mayor confianza en esta nueva realidad y las universidades, qué duda cabe, deberán ser activos agentes en esta trascendental tarea.

Hacer universidad hoy no es posible si omitimos esta nueva realidad. Los tiempos que corren nos plantean el complejo desafío de comprender y acoger la explosión de diversidades que está marcando esta época. La perspectiva de género y otros factores potentes de identidad también han ido cobrando una justa relevancia. Debemos perseverar y profundizar nuestra contribución en la búsqueda de respuestas a las preguntas que hoy el país se hace, aportando tanto el rigor académico como la sensibilidad social. Todos son desafíos difíciles y exigentes y se dan en medio de procesos de cambios, de final abierto, que debemos asumir para ser consistentes con el rol público que tienen las instituciones de educación superior.

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