¿Seguridad pública sólo urbana? Consideraciones desde la ruralidad
Coescrita con Braulio Tejos Lastra, geógrafo, académico de la Escuela de Ciencia Política y Gestión Pública UAHC.
La seguridad pública es ineludible en cualquier debate político, ciudadano y del cotidiano de los días en Chile y parte importante de Latinoamérica, más cuando se avecinan procesos electorales. En otra oportunidad ya se hizo referencia en esta situación, relevando la importancia de la cuestión territorial en estas definiciones, decantando en políticas públicas a escala nacional y también regional y, prioritariamente local, siendo los municipios actores centrales en el abordaje de la situación, en el entendido que buscan soluciones a sus comunidades cuando de la cuestión delictual se refiere, con las posibilidades con las que cuentan en el marco de la ley 18.695, Orgánica de Municipalidades.
En este contexto importa preguntarse cómo se alcanza con más o menos profundidad la seguridad pública-ciudadana en los territorios rurales, en el entendido que el delito, es estridente en zonas urbanas, pero no por ello inexistente en las rurales, sea en relación con lo urbano, o bien por las particularidades de todo tipo que permite esta territorialidad a lo largo y ancho del país.
Desde esa perspectiva parece interesante la voz que ha ido articulando un grupo de alcaldes y alcaldesas, sobre la necesidad de formalizar una preocupación mayor respecto de la seguridad pública en las ruralidades de las comunas y país en general. Ello es una situación estratégica en el desarrollo local y nacional del país, también regional, por supuesto. Conviene indicar que tal cuestión ineludiblemente se asocia con los sentidos de la descentralización del Estado, en cuanto y tanto, los centros urbanos regionales, nacionales y hasta locales (incluidas las comunas con más territorio rural), son los que concentran la atención de la política pública en general, y también la de seguridad pública-ciudadana. Cuestión que de alguna forma se recoge en el proyecto de ley que fortalece el rol de los municipios en la gestión de la seguridad pública-ciudadana ingresado durante el año 2023(1) y que ya se encuentra en siguiente trámite legislativo en el Senado.
Más descentralización y participación ciudadana implican más y mejor lectura de los espacios geográficos y territorios, siendo así plausible una mayor valoración por las problemáticas rurales del país cuando de seguridad pública-ciudadana se refiere. Desde esta perspectiva, la definición de la alcaldesa de Melipilla, Lorena Olavarría, que en instancias de asociatividad municipal, más otras que le permite la cobertura del cargo, ha instalado la necesidad de avanzar hacia un Plan Nacional de Seguridad Rural, colocando el foco en la particularidad que ofrece la ruralidad del país y las comunas que se organizan en tales contextos territoriales(2).
Ello obligaría a que la política pública de seguridad se rediseñara, o se complementara, de forma significativa con las voluntades aquí consignadas, promovidas por esta alcaldesa y el resto de ediles que a nivel nacional se encuentran en esta definición de política pública. De todos modos, cabe indicar que existe una posibilidad de asociatividad que entrega la ley 18.695 y la ley de Asociatividad Municipal específica, lograda para facilitar tal condición entre municipios en temas específicos y diversos de interés de las municipalidades(3). En específico, ya existen asociaciones municipales preocupadas por la temática de seguridad pública-ciudadana, a saber, la Asociación de Municipios para la Seguridad Ciudadana, conformada por los municipios de Santiago, Independencia, Estación Central y Providencia; como también la que agrupa a San Joaquín, Macul y La Cisterna, denomina como Asociación de Municipios para la Seguridad Comunitaria; como dispositivos que se han formalizado en orden a abordar la cuestión en comento. Entonces la pregunta es ¿no se podrán asociar los municipios rurales para diseñar mejores acciones de seguridad pública desde la ruralidad?
Es importante la asociatividad, considerando la relevancia del desarrollo rural y la oportunidad que entregan los actos de descentralización y participación ciudadana. No obstante, cabe precisar cuáles son las situaciones de inseguridad que urgen en el contexto rural y que ameritan realizar procesos de asociatividad municipal distintos a los marcos de asociación existentes de municipios rurales. Se puede indicar que la expansión de la actividad delictual y el crimen organizado es una situación que aumenta la vulnerabilidad de territorios rurales donde la infraestructura básica de comunicaciones y la presencia policial es baja, encontrándose distante geográficamente, entre otras consideraciones que en esta oportunidad no se desarrollarán en esta opinión.
Claramente, una Política Nacional de Seguridad Rural sólo podría fortalecer "el hacer" de los municipios rurales y sus definiciones de planificación del desarrollo con los diversos instrumentos que le permite la ley, entre ellos, las asociaciones municipales que concretaran, es decir, la Asociación, no reemplaza una Política Nacional de Seguridad rural como consignan Lorena Olavarría, alcaldesa de Melipilla y otra/os ediles del país.
(1) Gobierno ingresó proyecto de ley que fortalece rol de los municipios en prevención del delito y seguridad pública
(2) Alcaldesa de Melipilla pide Plan de Seguridad Rural: Hoy no tenemos estrategias ni herramientas
(3) Ley N° 20.527, que modifica la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y regula las asociaciones municipales
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