Tirar la toalla

Daniel Rebolledo Di Girolamo

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"Esto no es un proceso de regularización masiva". Con estas palabras el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve daba inicio al proceso de empadronamiento biométrico de migrantes irregulares hace un año y medio atrás. La semana pasada, su reemplazante, el subsecretario Luis Cordero, señaló para sorpresa de todos que "el Estado de Chile está estudiando llevar a cabo un proceso de regularización acotado de personas que se encuentren en situación irregular".

Más allá del incumplimiento de promesas o de las volteretas a las que nos tiene acostumbrado este gobierno, lo que reside en el fondo de este cambio de postura es el fracaso de la política migratoria de las actuales autoridades.

Cabe recordar que durante el mandato del Presidente Gabriel Boric se ha observado la mayor cantidad de ingresos clandestinos desde que se tiene registro en nuestra historia, con más de 120 mil entre los años 2022 y octubre de 2024 según datos de la PDI. Una cifra que supera por un amplio margen a los casi 88 mil ingresos ocurridos durante los cuatro años del gobierno de Sebastián Piñera.

Por otro lado, el número de expulsiones disminuyó drásticamente. Considerando tanto aquellas de causal administrativa como judicial, resulta sorprendente que, según cifras del Servicio Nacional de Migraciones, las actuales autoridades ni siquiera han podido materializar 3.000 expulsiones considerando el periodo que va entre el 2022 a noviembre del presente año. Esto contrasta, nuevamente, con el periodo anterior de gobierno en donde se logró expulsar a más del doble de migrantes.

Como si estos datos no fueran de por sí lo suficientemente alarmantes, se debe considerar también la existencia de 30 mil migrantes que tienen un decreto de expulsión vigente, pero que el Estado no ha sido capaz de ejecutar, tal como lo ha admitido la ministra Carolina Tohá. Lo anterior, en muchos de los casos, a causa de que simplemente no se sabe dónde se encuentran estas personas.

Teniendo en consideración esta realidad, las declaraciones e intenciones del subsecretario Cordero son, por lo bajo, ingenuas. Sus palabras resultan ser el incentivo perfecto para que todas aquellas personas extranjeras que se encuentran meditando sobre la conveniencia de ingresar a Chile por pasos no habilitados decidan hacerlo. La promesa de una eventual regularización se sitúa hoy en el horizonte de sus posibilidades y los riesgos que debiesen estar asociados a burlar nuestra ley migratoria se esfuman progresivamente. No es casualidad que, a pocos días del anuncio del subsecretario, más de 2.000 migrantes se agolparon a las afueras del Estadio Víctor Jara al confundir el proceso de enrolamiento del Registro Civil con uno de regularización.

En concreto, nos enfrentamos hoy a una situación dramática en dónde la frontera ha sido vulnerada más que nunca y en donde las autoridades han mostrado una incapacidad inédita en materia migratoria. Frente a este escenario, abrir la puerta a la potencial regularización de 182 mil migrantes no es más que optar por la vía fácil y constituye el síntoma de un gobierno que decide abandonar su deber de proteger nuestra soberanía y hacer respetar las leyes y que sencillamente "tira la toalla".