Todo por los derechos, nada por las obligaciones, el triunfo del individualismo

Andrés Sanfuentes

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En una sociedad como la chilena, en que la obsesión por sobresalir es apremiante y perturba a los espíritus, abundan los ocurrentes, especialmente en cuestiones económicas, en que el populismo mata a cualquiera en el afán por sobresalir, por ser distinto.

Las últimas semanas han sido pródigas en propuestas innovadoras, aparte del papelón de los cinco senadores que quieren nacionalizar las cuentas de los imponentes de las AFP.

Otro  ejemplo en el vecindario es retirar de las cuentas individuales de las AFP un porcentaje de los fondos acumulados por los cotizantes. La primera sugerencia fue de un 5% en forma voluntaria, dada la situación crítica por la cual atraviesa el país y muchos ahorrantes. Algunos parlamentarios, reconocidos como aficionados a jugar póker y a la popularidad, subieron la apuesta al 10%, aún más atractiva.

Para decirlo con claridad, la propuesta es pésima. Esta crítica, como no afecta a los derechos humanos, puede hacerse sin temor, pues tiene fundamento.

La idea, si bien se ha expresado como un derecho transitorio, mientras dura la pandemia, tiene serios inconvenientes. Tal como lo muestra la evidencia histórica, este tipo de medidas difícilmente se revierten, nunca llega el momento de incrementar la cotización habitual y tendría una oposición de los interesados (lo perdido, perdido está). Aún más, el derecho transitorio probablemente se transformaría en permanente, porque la estrechez financiera tiene naturaleza estable en la población y en el futuro, Dios proveerá. Total, “en pedir no hay engaño”.

Lo más especial de esta idea no es su novedad sino que se ha planteado en momentos que hay consenso que el sistema previsional entrega bajas pensiones a la mayoría y que en la capitalización individual una de las causas es el bajo nivel de acumulación, lo cual tiene su origen en varias causas.

Si bien los sistemas de reparto no son viables en el mundo y están siendo abandonados, especialmente por factores demográficos,  la alternativa de capitalización individual también sufre objeciones, especialmente por la apropiación externa de los fondos acumulados por las personas. En unos casos a causa de la rapiña del Fisco para financiar parte de sus gastos, como fue en el caso de Argentina y en otros por permitir su giro para resolver problemas personales de los imponentes, como está ocurriendo recientemente en el Perú.

Otro acuerdo en el que han participado Gobierno y Oposición es destinar parte de los aumentos en las cotizaciones (en torno al 5%) a financiar en forma solidaria a las pensiones para los más vulnerables, aprovechando el equívoco que el costo de este incremento es de cargo del empleador, aunque es de conocimiento generalizado que es financiado tanto por la empresa como por el trabajador, en proporciones que dependen  del mercado laboral específico en que se desarrolla la relación entre ambos.

Es decir, parte de la mayor cotización es de cargo del trabajador asalariado. Esa es la razón para sostener que las pensiones solidarias deben ser financiadas por el Fisco con recursos adicionales, o sea, impuestos.

En la línea de los problemas que está generando el COVID-19 en los ingresos familiares, especialmente por los aumentos en la cesantía, ha surgido la propuesta de interrumpir la cobranza del CAE, el crédito con aval del Estado, el cual en la actualidad es de cargo básicamente del Fisco en proporciones que dependen de si el egresado de la Educación Superior está al día en el pago de su obligación o impago.

Cabe recordar que la modificación en la legislación original de estos compromisos entrega importantes subsidios al deudor al acortar los plazos de pago, bajas tasas de interés y condonación de parte de la deuda, que hacen muy favorable su servicio.

Este beneficio se otorga a pesar que la mayoría de los deudores se encuentran en segmentos de ingresos familiares del 40% más alto del país y, por lo tanto, tienen un carácter no progresivo en términos de equidad. Los partidarios de esta propuesta no señalan la fuente para financiar la idea, lo cual es habitual en este tipo de sugerencias, ya que responde al dicho popular “con bolsa ajena no hay mucho cicateo”.

Por supuesto que también se escuchan las voces demandando la gratuidad universal para los estudios en la Educación Superior, uno de los usos de recursos públicos más regresivos que se efectúan en Chile.

Sin embargo, objetar las propuestas anteriores es “políticamente incorrecto”, pues contradice el sentir popular, tan penetrado por un valor individualista que ha perforado con tanta fuerza en la cultura nacional, existen derechos pero no obligaciones.

En términos económicos, está ausente el principio de la escasez, los recursos existentes son ilimitados, especialmente en el Estado.

En el debate actual, en que segmentos de la opinión pública sostienen que los derechos humanos son ilimitados, se basa en que las necesidades de las personas no tienen límites, lo cual es correcto en términos teóricos, pero se enfrentan con la realidad que los medios para satisfacerlas son escasos, limitados por la realidad de la sociedad y además, tienen usos alternativos, no solo el dinero sino también la mano de obra que se puede emplear de diferentes maneras, lo cual lleva a que es indispensable establecer prioridades entre los fines que compiten en el uso de los medios limitados.

Por eso, los derechos no son ni pueden ser ilimitados y surgen las obligaciones, los límites que tiene todo derecho, sea en el campo de la salud, de la educación, de la alimentación, pero también en la libertad individual y en la equidad.

En una Democracia una de las tareas del Estado está en poner límites de manera que el bienestar colectivo sea el mayor posible y de allí el surgimiento de la policía o la administración de justicia, que junto a velar por mi derecho a ser libre, me impone la obligación de respetar los derechos del vecino.

El Estado debe normar y facilitar que se puedan ejercer los derechos personales y sociales pero, al mismo tiempo,  que se cumplan las obligaciones de cada individuo, tanto para los segmentos cercanos como para la sociedad.

La primacía de los derechos sobre las obligaciones, que domina la sociedad actual, es el gran triunfo del individualismo.