Siento desilusionarlo. No me referiré a Colo Colo y su posición entre los colistas del fútbol chileno. Pero no está tan perdido. Me referiré a otros colistas. A aquellos que están en los últimos lugares de los rankings de confianza institucional: los partidos políticos. Recientemente la ciudadanía se manifestó por amplia mayoría por una convención constitucional en el plebiscito, descartando la participación de parlamentarios en la referida instancia.
Aunque a la fecha no estaban aseguradas la participación de representantes de pueblos originarios ni la forma de su elección, el triunfo de la opción convencional, por sobre la mixta, no debe ser interpretado como un cheque en blanco para los parlamentarios, sino que como una evaluación negativa sobre la responsabilidad de los partidos políticos en la crisis de legitimidad de nuestras principales instituciones, entre ellas, el propio Congreso.
Se podrá consentir o discrepar de la creación de escaños reservados para sectores específicos, en esta instancia constituyente o en cualquier otra, pero lo que resulta cuestionable, desde el punto de vista de la confianza institucional, es que se alteren las reglas del juego, para modificar el número de cupos de constituyentes con posterioridad al plebiscito.
A los ciudadanos se nos consultó concretamente si queríamos una convención constitucional paritaria e integrada por 155 personas, pero la Comisión de Constitución del Senado aprobó esta semana una reforma constitucional para garantizar cupos reservados para los pueblos originarios, de manera de asegurar su participación en la elaboración de la nueva Constitución.
En lugar de crear escaños especiales para ellos dentro de los 155 cupos existentes, el proyecto que avanza en el Senado buscar aumentar en 23 cupos adicionales, de manera que la convención quede finalmente con 178 integrantes, afectando con ello el equilibrio y proporcionalidad de la representación.
A partir de esta iniciativa, surgen algunas interrogantes.
¿Puede un parlamento, cuyos miembros fueron severamente castigados por la ciudadanía, alterar el estatuto constituyente que aquella aprobó por abrumadora mayoría en un acto electoral? ¿Correspondería, en consecuencia, volver a plebiscitar el tipo de convención aplicable, para ratificar la reforma constitucional que apruebe finalmente el Congreso, alterando la voluntad del pueblo?
Más allá de aquellas inquietudes, la principal advertencia debe ponerse sobre la propuesta que está impulsando y promoviendo la izquierda radical (PC y Frente Amplio) con sectores de centro izquierda, para eliminar el quórum de los 2/3 para aprobar el Reglamento interno de la Convención y el nuevo texto constitucional.
No hace falta anticipar los graves riesgos de esta iniciativa. Implicaría, por lo menos, alterar uno de los elementos esenciales del Acuerdo del 15/N. La eliminación de esta exigencia significaría un grave incumplimiento al espíritu y letra de los acuerdos vigentes, reviviendo todos los temores de una izquierda tramposa durante el proceso constituyente.
Junto con observar las trampas que se fraguan en la izquierda, lo más destacable del resultado electoral, es la voluntad popular por jubilar a gran parte de la actual clase política. El mensaje fue claro: queremos apostar por la renovación. Pero ¿están interesados los actuales caciques en abandonar en poder? ¿Existen figuras o personas jóvenes y capaces dispuestas a tomar la posta o el relevo generacional?
En la centroizquierda observo algunos caciques tratando de desmarcarse del rechazo ciudadano, sin ningún complejo ni vergüenza.
Un presidente de partido y aspirante presidencial declaró que “no soy un político tradicional”, como si los chilenos fuéramos ingenuos.
En la centro derecha las cosas no son mejores. A los días siguientes al plebiscito se desató la carrera presidencial, con los “mismos caciques de siempre”, dificultando el inicio de lo que he bautizado como la “transición de los caciques”.
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