Un mal balance en seguridad

Daniel Rebolledo Di Girolamo

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El Gobierno a lo largo de su mandato ha mantenido una estrategia sistemática de defender su gestión en materia de seguridad. No obstante, a pesar de sus esfuerzos, la verdad es que los datos disponibles demuestran flancos importantes frente a los cuales existe una ausencia de respuesta por parte de las autoridades.

¿Cómo explican, por ejemplo, el aumento sostenido de los delitos violentos que el 2024 alcanzó su registro más alto de la última década con más de 196 mil casos policiales? ¿Qué razón existe para entender que, según cifras de Carabineros, por cada 100 delitos que ocurren en el país, solo 13 terminan con alguien detenido? Sería honesto de parte de La Moneda admitir que iniciativas como el Plan Calles sin Violencia o la Política Nacional Contra el Crimen Organizado, que más de una vez han sacado a relucir o han anunciado su actualización, claramente no están dando los resultados deseados.

Por otro lado, se hace preciso tener en mente que los anuncios de aumento de recursos en materia de orden y seguridad, que las autoridades celebran como uno de sus grandes logros, no dan cuenta del contexto completo y no necesariamente significan un aumento real de la prioridad presupuestaria.

En esta línea, las actuales autoridades han omitido el hecho de que el presupuesto de orden y seguridad debió reducirse significativamente entre los años 2020 a 2022 a causa de las nuevas prioridades que impuso la pandemia (lo que coincidió también con una baja en la cifra de delitos), por lo que los posteriores aumentos del gasto en esta área han obedecido más bien a una recuperación del nivel anterior y no a un aumento excepcional. Además, como puede observarse a través de los informes de la Dipres, la prioridad presupuestaria del actual gobierno en materia de orden y seguridad, que alcanza 5,9% del gasto total del gobierno central, ha sido menor que la que existía antes de la pandemia (7%) y la más baja de, al menos, los últimos 20 años.

Frente a este panorama, se hace aún más incomprensible el anuncio de disminuir el presupuesto del Ministerio Público en $7 mil millones, lo cual no solo confirma la escasa prioridad que otorgan a la materia, sino que además contradice el protocolo de acuerdo firmado por el mismo gobierno hace más de dos años atrás en donde este se comprometía a buscar formas de aumentar la dotación funcionaria de la fiscalía. A modo de ejemplo, $7 mil millones equivale a la contratación de aproximadamente 200 profesionales por un sueldo de $3 millones mensuales, lo que representa un número muy importante de abogados asistentes para los fiscales.

Por último la gestión parlamentaria, si bien ha tenido avances, en gran parte gracias al apoyo de la oposición, aún tiene temas pendientes que es difícil saber si van a ser resueltos durante este mandato. Existen una serie de proyectos de ley, fundamentales para combatir la delincuencia y la sensación de inseguridad, que no sabemos si podrán ser aprobados en el corto plazo como, por ejemplo, el que propicia la especialización preferente de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (boletín N° 12.699-07), el que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado (boletín N° 12.234-02), el que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos (boletín N° 13.991-07) y el que regula las reglas del uso de la fuerza para las policías y las FF.AA. (boletín N° 15.805-07).

En concreto, la intensidad comunicacional con la que el Gobierno defiende su gestión en seguridad no tiene correlato con los datos respecto a la misma materia. Frente a una delincuencia cada vez más violenta, el país parece contar con autoridades más enfocadas en vocerías y puestas en escenas, que en resultados concretos. Lamentablemente, a pocas semanas de iniciarse el último año de mandato del Presidente Boric, es muy difícil que este panorama cambie.