Esta semana la Comisión de Sistema Político de la Convención abordará definiciones sobre nuestro régimen político y su institucionalidad. Lamentablemente, hasta ahora los sectores hegemónicos de la Convención avanzan en una refundación institucional que trasunta un claro voluntarismo jurídico, un "avanzar sin transar" que desatiende la historia de las instituciones republicanas en nuestro país, y de la experiencia internacional como ha sido advertido por la gran mayoría de los académicos y especialistas.
Algo que debemos definir como una línea base que no debemos mover, es que la ciudadanía quiere elegir por sí misma a su Presidente o Presidenta. La formación de gobierno no se debe originar en la legislatura. Si bien esto ha sido aceptado (a regañadientes) por convencionales que antes promovían el parlamentarismo, ahora promueven variantes institucionales híbridas dibujadas algunas de ellas a toda carrera.
El nuevo acuerdo "transversal" que alcanzaron los sectores de izquierda en la Comisión de Sistema Político propone un sistema presidencial, pero en realidad introduce figuras del semi presidencialismo que lo aproxima al modelo peruano. Una de las normas más complejas de lo propuesto se refiere al veto. Se le quita el poder de veto al Presidente de la República, lo que en la práctica deja absolutamente debilitado al mandatario frente a la asamblea, sin herramientas para poder parar iniciativas que alteran su programa de gobierno. Así, por ejemplo, el Presidente Electo Boric podría ver menguada su capacidad de aprobar su programa. Bajo este diseño, la ciudadanía va a elegir a un presidente atado de manos e incapaz de cumplir sus compromisos.
Al mismo tiempo, se plantea un bicameralismo asimétrico, dos cámaras con funciones distintas, pero en realidad se avanza hacia un sistema unicameral donde un "consejo territorial" no tendrá dientes para influir en el proceso de formación de la ley. Se dan pasos acelerados en contra del balance de poder que está en la base del presidencialismo equilibrado del que muchos hablaban antes de iniciar este proceso. Hay un cierto ánimo de revancha respecto a la Cámara Alta. Por ejemplo, en la propuesta, el presidente ya no le rinde cuentas a la Cámara Alta, y los senadores tienen que rendir cuentas de su gestión ante los CORES. Además, el Presidente o Presidenta asume ante el Congreso Plurinacional (ex Cámara) y no conjuntamente ante los senadores hoy consejeros. Lo anterior es, por lo menos, pintoresco. En general, este es un mal diseño. Por algo, no existe en la experiencia internacional la mezcla de presidencialismo y bicameralismo asimétrico.
Las normas sobre partidos políticos trasuntan una mirada cándida y poco realista sobre la actividad política, equiparando a los partidos políticos con movimientos sociales. No existe democracia representativa en el mundo que contenga esas disposiciones, mucho menos los modelos parlamentaristas europeos que han despertado la fascinación de algunos convencionales. Lo más parecido lo dispone la Constitución de Ecuador.
Si se mira el conjunto de lo que se está aprobando, se observa un desplazamiento desde los principios de la democracia liberal hacia lógicas de representación corporativa. Lo anterior se relaciona con el federalismo camuflado que se está fraguando (asambleas regionales).
En materia de sistema político, si continúa adelante este principio de acuerdo, basado en la exclusión de los convencionales de centroderecha, nos moveremos hacia un imbunche, tal como lo señalo Cristian Warnken, con serio riesgo de experimento de Estado fallido y ahí coincido plenamente con Genaro Arriagada en columna anterior. Las constituciones que han fallado en la historia (por ejemplo, Weimar), fallaron precisamente en la institucionalidad que sostiene al régimen político. Creo que todavía hay espacio para buscar mayores bases de entendimiento y para eso estamos absolutamente disponibles, esta semana dirá si lo logramos.
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