El constante desafío en materia hídrica

Jorge Pizarro

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Hace un año entró en vigencia la Ley 20.998 que regula los Servicios Sanitarios Rurales. Se habló del desafío que esto implicaba para los sistemas de Agua Potable Rural (APR). Pero no es sólo eso, porque si bien la ley busca registrarlos, el espíritu de la ley es reconocer a las organizaciones comunitarias y sociales como administradores y operadores de servicios sanitarios rurales. Entonces, deben existir las condiciones de hacerlo.

Pues bien, para realmente constituirse en este hito en la historia hídrica del país, hace unos días en el Senado aprobamos un proyecto que hace aplicable este proceso de mejoras y regulación de los APR, que bien es paulatino, debido a las limitaciones de la pandemia se vio definitivamente rezagado, urgía, especialmente en materia de plazos que permitan asegurar una mejor capacitación, organización y calidad de servicio a los usuarios. Porque recordemos, una de las premisas de la ley es reafirmar el rol de los comités.

Hemos estado trabajando con representantes de distintos comités de agua rural de la Región de Coquimbo, desde donde recogimos sus requerimientos y observaciones para poder concretar la implementación de la norma y adecuar la realidad con su aplicación, que incluye pasar a denominarse servicios sanitarios rurales (SSR).

Lo concreto es que hoy los sistemas de APR no están en condiciones de cumplir con las exigencias que se plantean en la ley, por las razones obvias en un contexto de pandemia. El proyecto que esperamos siga avanzando en el Congreso está pensado para facilitar la incorporación en nuestra región de alrededor de 65 sistemas APR que no pertenecen al programa de Obras Públicas, que hoy incluye cerca de 190 sistemas de agua potable rural.

Por ello, a través de esta moción buscamos extender en un año la inscripción de los comités y cooperativas que estén funcionando sin dicha formalidad y, además, postergar la primera fijación tarifaria que deberá efectuar la Superintendencia, la que comenzará a regir a contar desde el 2023.

Debemos considerar que las comunidades tratan de obtener el agua en condiciones adversas, y que hoy la prioridad es garantizar el consumo humano y hacer un buen uso del recurso hídrico para la producción alimentaria, en medio de estos escases hídrica que se arrastra hace más de 15 años, y necesitamos soluciones concretas en esta verdadera cadena de actores que busca dar solución a esta grave problemática.

Hay que ver este tema con la relevancia que conlleva. Fíjese que, a nivel nacional, casi la mitad de las escuelas rurales del país no cuenta con abastecimiento formal de agua potable, por ello el Estado debe apoyar las labores de las actuales APR, cuyo rol es crucial para disminuir esta brecha de acceso al recurso hídrico de calidad para sus comunidades. Por ello, insisto en la relevancia de que este proyecto avance para que se cumpla el primer objetivo de la ley que regula los servicios sanitarios.