La noche del jueves el Presidente Piñera presentó los lineamientos de su propuesta para la ley de Presupuesto 2022, que contempla un recorte del gasto público de 22,5% y US$ 700 millones de libre disposición.
Es cierto que es un ejercicio de responsabilidad tener en cuenta que con suerte la proyección de crecimiento para el próximo año va a estar en torno al 2% y eso no es suficiente como para empezar a pagar la deuda pública, mientras nos esforzamos por recuperar la actividad económica, atraer inversión y tener una estabilidad económica que nos permita una real proyección más halagüeña.
En ese sentido es un presupuesto complejo, nosotros entendemos que es muy especial, porque después de todo el nivel de gasto, del endeudamiento, de la inversión que se ha hecho para enfrentar la emergencia sanitaria, nuestro país se endeudó, usó ahorros y quedamos en una situación desmedrada para el tiempo venidero.
También es razonable el anuncio de los US$ 700 millones de libre disposición, porque además es parte de una tradición republicana ante la proximidad de un cambio de administración, para que cualquier sea el gobierno que parta, pueda cumplir con prioridades y compromisos adquiridos.
Pues bien, claramente debemos reducir el déficit que nos produjo enfrentar los efectos de la pandemia. Y por lo menos para los próximos tres años vamos a necesitar ser muy eficientes en el gasto, tener una capacidad de inversión pública que garantice generación de empleo, la activación de la economía, al tiempo de seguir entregando un respaldo a los sectores más dinámicos. Ello implica poner atención fundamentalmente en pequeña y mediana empresa, sin dejar de atender las altísimas demandas sociales.
Por ello, creo también que esta discusión del presupuesto tiene que ser con mucho más transparencia e información actualizada de lo que ha sido la ejecución del gasto de este año: hasta el momento nosotros entendemos que las cifras respecto de la ejecución -sobre todo en regiones- no ha sido de lo más eficiente.
Independiente de las excusas, una de las prioridades es acelerar la ejecución de los programas de inversión de gobiernos regionales que alcanzan un inexplicable e inaceptable nivel de ejecución cercano al 40%. Según datos de la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado, existe una menor ejecución de los programas de inversión de los gobiernos regionales, a lo que debiera responder la Dirección de Presupuesto de cara a esta nueva tramitación de Presupuesto. Y ello porque la ley de Presupuestos 2021 contempló recursos regulares por un total de $1,4 billones para los programas de inversión de los gobiernos regionales, sin embargo, al 31 de julio la tasa de ejecución registrada alcanzó menos de la mitad del presupuesto vigente.
Entonces, además de este apriete de cinturón que advierte el Gobierno, creo que debemos resolver y reorientar el impulso fiscal hacia la inversión pública, el apoyo a sectores productivos que deben reactivarse, y mejorar la ejecución de la inversión regional. En ese sentido, el Ejecutivo conoce nuestra amplia disposición para enfrentar este trámite con altura de miras, de manera amplia, entendiendo cuáles son las demandas sociales, pero sin populismo, sin demagogia, porque los años que vienen son años duros.
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