La seguridad en la Región de Valparaíso
En comparación al año pasado -según el Sistema Táctico de Operaciones Policiales-, en la Región de Valparaíso los robos con violencia han aumentado 94%, los homicidios 51%, los robos en lugares no habitados 77%, en los habitados 58% y los robos violentos de vehículos 227%.
A lo anterior se agrega que el puerto es una de las puertas de entrada de grandes cantidades de droga. Sin ir más lejos, hace solo unos días se incautaron en Quinta Normal estupefacientes por una suma equivalente a 18.000 millones de pesos, ¿por dónde ingresaron los estupefacientes? Por el puerto de Valparaíso.
Es por lo anterior que los 4 mil millones de pesos destinados a seguridad para la región y los 38 mil millones más que se presupuestan para el año son una buena noticia que nos invita a mantener un sano optimismo. Ahora bien, el bastón lo tienen las autoridades regionales. Estas deberán gastar esos 42 mil millones con sabiduría, para que cada peso se invierta casi perfectamente. Pero, ¿en qué se gastarán? ¿Acaso serán destinados a generar más capacidad de respuesta de las policías para subsanar la falta de equipamiento, como radiopatrullas, retenes móviles o motos? ¿Se destinarán para aumentar los contratos de civiles para liberar a carabineros de tareas administrativas y poder tenerlos en las calles para cubrir el déficit de casi 700 que tiene nuestra región? ¿Se destinarán a las víctimas de los delitos o a los municipios para que mejoren sus sistemas de seguridad disuasivos como cámaras y vehículos municipales de seguridad ciudadana?
La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se van a invertir estos recursos destinados a su propia seguridad. Lo anterior es clave para cambiar el viento a favor de la región, sobre todo porque la señal de que queremos tener mayor seguridad pública debe ser clara y contundente. Por lo mismo, mirando los datos parecemos estar frente a una disyuntiva: o se trabaja decidida y sostenidamente para garantizar la paz social y la seguridad de nuestros habitantes, o perdemos el control para que lo tomen las grandes mafias, con las consiguientes secuelas.
En definitiva, el desafío que ahora enfrentan las autoridades regionales y municipales va mucho más allá de tener recursos para gastarlos. Los dineros mal utilizados en seguridad podrían dejar a la población vulnerable y a merced de la delincuencia y las incivilidades las que están siendo cada vez más cotidianas, bárbaras y sin control aparente-; y, por sobre todo, podría exacerbar la crisis de confianza en la autoridades, empujando a las personas a romper el pacto social y a buscar una salida a la violencia a través de su privatización.
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