Recortes a los gore: efectos negativos para la descentralización y las regiones
En los últimos meses ha surgido un tema que ha tensionado el ámbito político: la disminución de los presupuestos para los gobiernos regionales (gore). Entendemos que parte del ajuste puede entenderse en el marco de las necesidades fiscales del Estado, pero discrepamos claramente en el modo, los criterios y los efectos de esos recortes y estimamos que se hace urgente un debate serio, no solo técnico, sino también político y territorial.
El Gobierno anunció que para el Presupuesto 2026 las gobernaciones regionales verán una rebaja global de alrededor de 1,9%. Pero esa cifra promedio oculta diferencias sensibles entre regiones, porque mientras algunas perderán entre 5 y casi 7 por ciento de sus recursos, otras eventualmente verán aumentos marginales.
Regiones como Aysén, Maule, Los Lagos, Arica y Parinacota o Ñuble destacan como las más perjudicadas, mientras que las regiones Metropolitana, O'Higgins, Antofagasta y Tarapacá se beneficiarían con aumentos. Cabe mencionar que en algunos casos ya el Ejecutivo había realizado recortes previos y adicionales al FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional) y programas comunales, con claros efectos sobre la inversión local.
Las explicaciones de La Moneda apuntan a que estos ajustes son parte de un esfuerzo por equilibrar los ingresos y egresos del fisco y priorizar recursos hacia urgencias sociales. Sin embargo, tanto la oposición como los gobernadores regionales, hemos planteado cuestionamientos sobre la ausencia de criterios explícitos, que expliquen las diferencias entre las regiones y la duda de si se consideraron las brechas territoriales existentes, las diferencias de ingreso local, la capacidad de generar recursos propios y los costos logísticos y geográficos distintos.
El mayor temor de las autoridades regionales es que la reducción comprometa aquellos proyectos que ya están en curso, así como la inversión comunal, la infraestructura local y los servicios básicos, con impactos que podrían ser más severos en comunidades más vulnerables. No menor es la preocupación de que los recortes podrían minar la autonomía financiera regional, retrocediendo en el proceso de descentralización que el país ha impulsado en los últimos años.
Sin embargo hay también un argumento político, ya que "curiosamente" muchas de las regiones más afectadas tienen gobernadores pertenecientes a partidos de oposición; creemos que la percepción de que los recortes no son "neutrales" territorialmente, puede exacerbar tensiones políticas y polarización.
En este escenario, sin duda las implicaciones de esta política son múltiples; en el corto plazo, retrasos o paralización de obras, menor capacidad para responder a emergencias locales, debilitamiento institucional; en el mediano y largo plazo hay un claro riesgo de aumento de desigualdades regionales y un desincentivo para la participación regional, si las regiones no se sienten escuchadas ni representadas. Sin embargo, creemos que esta es una oportunidad para repensar cómo se financian las regiones en Chile.
Una descentralización real no consiste solo en dar autonomía formal, sino también en asegurar capacidad financiera y estabilidad presupuestaria para los territorios, tal como se señaló en la sesión de la Comisión de Gobierno del Senado en la que participaron los gobernadores y donde se acordó de manera transversal, buscar esclarecer los criterios a la base de estas medidas para que si existen rebajas que vulneren la situación de las regiones afectadas, solicitar que sean rectificadas.
Si bien el Estado tiene legítimamente que ordenar sus cuentas, las medidas que se tomen deben hacerse con transparencia, con diálogo regional, protegiendo lo esencial y evitando impactos desproporcionados. Quienes hoy gobiernan deben escuchar con atención las voces regionales y opositoras. No se trata solo de números en la Dipres, sino de lo que significa para millones de chilenos que viven lejos de Santiago, para quienes la infraestructura local, los servicios, las oportunidades educativas y productivas dependen de qué tan justa y eficiente sea esta redistribución del gasto público.
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