Cine gay en las cárceles chilenas

Las Iglesias históricas que normalmente han desempeñado trabajos pastorales al interior de las cárceles, se han destacado especialmente en los últimos años, por una férrea defensa a favor de la dignidad y los derechos de quienes están privados de libertad.


Recuerdo en particular que la Iglesia Católica, años atrás, fue duramente perseguida porque animaba la creación de un organismo llamado Confapreco, para abocarse a la defensa de los derechos de los presos comunes, maltratados, abusados y degradados por decenios.


Las instituciones religiosas que sirven al interior de las cárceles, han levantado la voz, sin temor, usando todos los medios a su alcance, para denunciar irregularidades, abuso de poder, violencia al interior de estos recintos , el colapso de la infraestructura, mala alimentación, etc., situación que hoy no se expresa, pues parece haber un silencio cómplice.



En esta línea me llama la atención, el convenio de colaboración firmado entre Gendarmería de Chile y el Movimiento de liberación Homosexual, Movilh, para llevar cine gay a las cárceles, a objeto de “erradicar la homofobia y transfobia”.


Concretamente, según cita el portal de noticias Emol (edición 26.06.2014), el Sr Rolando Jiménez, vocero del Movihl afirma que: "En la cárceles son comunes los atropellos en razón de la orientación sexual o identidad de género entre reclusos y sus formas de expresión son brutales…”



Estoy en la más absoluta discrepancia con lo expresado por el Sr. Jiménez, los más de 30 años que me vinculan a este mundo, me permiten afirmar con total convicción, que la intolerancia en esa materia no existe. No se deben imponer razones inexistentes, para asentar políticas al interior de los recintos penales que sólo responden a un interés ideológico.


Entre los privados de libertad se destaca el valor de la comprensión y el respeto en este sentido, ya que en el mundo del dolor, de la marginalidad y del sufrimiento la diversidad de las personas no obstaculiza el encuentro y en muchos casos se ayudan y acompañan mutuamente.


Por otra parte, un convenio firmado, al parecer, sin consulta a las entidades religiosas que trabajan en estos centros y a sus bases, considerando que existe una población de más del 70% de hombres y mujeres que profesan la Fe Cristiana, es un atentado contra la Ley de Cultos, (1999) el pacto de San José de Costa Rica, suscrito el 22 de noviembre de 1969, libertad de conciencia y religión y la Constitución Política de la República de Chile, que señala que el Estado está al servicio de las personas y su finalidad es promover el bien común.



En este sentido se atenta contra la Constitución, pactos y tratados internacionales, ya que las medidas tomadas van en menoscabo de la población penal, pues no es la comunidad que ha determinado, en acuerdo con sus pastores, el cine que quiere ver.


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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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