El derecho a la eutanasia, una discusión necesaria

Raúl Saldívar Auger

Ultimos publicados:

• Reducir el número de parlamentarios, retroceso populista
• Estado de excepción y medidas excepcionales
• Aún hay tiempo. A cambiar la estrategia contra el Covid-19

Etimológicamente eutanasia proviene de dos palabras griegas que en su conjunto significa “buen morir” y se refiere a cuando una persona solicita morir.

Esto se ha dado especialmente cuando alguien sufre una enfermedad terminal o cuando ésta  implica un insoportable dolor; en estos casos la eutanasia pone fin a su tormento y se ha convertido en derecho en lugares como Holanda, Bélgica y Colombia, donde tomaron la decisión de no obligar a pasar un sufrimiento innecesario a la persona y le dieron la facultad de decidir cuando acabar con su vida en los casos que ameriten. Esto, se encuentra muy lejos de nuestra realidad, pues, se nos ha hecho imposible avanzar en esta materia, ya que, en pleno siglo XXI prevalece una visión conservadora tanto en el parlamento como en quienes han estado en el Ejecutivo.

Muestra de ello es la aprobación del proyecto que garantiza el derecho al buen morir y a cuidados paliativos, pues no tengo la menor duda que la celeridad con la que se tramitó tiene el objetivo de neutralizar la discusión sobre eutanasia. 

Mi apreciación se basa en que mientras la comisión de Salud de la Cámara se encontraba legislando sobre su regulación legal y ante su eventual aprobación, el Ejecutivo presentó un proyecto que apela a la solidaridad y por que no decirlo, a la piedad. 

La discusión sobre eutanasia no es nueva en nuestro parlamento, ejemplo de esto es que desde el año 2004 se han presentado al menos ocho mociones que procuran establecer la muerte digna como un derecho, y lamentablemente no han tenido éxito.

En el año 2014 fue rechazado un proyecto que regulaba su implementación y que incorporaba la figura del testamento vital; aquel fue rechazado en el Senado y el resto se mantiene en tramitación. Sobre esto se ha institucionalizado el encarnizamiento terapéutico pues pasa por alto la propia decisión del paciente, que ha llegado a extremos como el solicitar a la presidencia de la República la autorización para practicar la eutanasia. 

Tengo la convicción que regular la muerte conlleva de forma inherente el conflicto, pues si bien la muerte es lo único cierto en la vida, ésta es al mismo tiempo el más grande de los misterios y su reflexión es el punto de partida de todas las cosmovisiones que han tenido cabida en el mundo y todas ellas han explicando de una u otra forma las interrogantes ¿la muerte es el fin de la existencia? ¿existe vida después de la muerte?

Las respuestas a esta interrogante no es unánime, pues, si bien algunos apelan a la aceptación de ésta y que la muerte supone el fin de la existencia, como es el caso de los ateos y de los antiguos hebreos, para otros la muerte sólo es un momento de tránsito y que reencarnaremos y seguiremos en un continuo camino hacia el Nirvana.

A su vez, los cristianos tienen fe en la promesa de la vida eterna, en la que incluso, será posible mantener relaciones interpersonales por toda la eternidad, como lo propone la iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días.

Es este carácter misterioso el que - en mi opinión - explica la renuencia a discutir cualquier proyecto que acelere y/o que provoque la muerte de un ser humano, pues, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI nuestra estructura jurídica sigue anclada al siglo XIX y cualquier propuesta de regulación de lo que se conoce en Chile como “agenda valórica” es vista desde un prisma moralista y religioso, imponiéndole finalmente a la inmensa mayoría de chilenos los preceptos éticos y religiosos de una minoría. 

En su discusión en Sala apoyé el proyecto de cuidados paliativos no obstante, considero que es insuficiente porque por un lado neutraliza la discusión del derecho a morir de forma digna y por otro porque su implementación resultará tremendamente discriminadora, pues no todas las personas podrán elegir recibir los cuidados paliativos.

Me pregunto ¿en los  hospitales públicos, que están atestados y donde se requieren de forma urgente camas e implementos médicos, las personas podrán hacer valer su derecho a morir bien y que en definitiva es su último derecho?

Tristemente la realidad indica que para ellos esto será sólo una declaración de principios empero será un derecho sólo para quienes puedan costearlo, pues, no se incorporan recursos adicionales para su aplicación, y esto es francamente irrisorio porque la implementación de esta ley debiese - obviamente - disponer de recursos adicionales dado que los intensos e insoportables dolores que sufren los pacientes con enfermedades terminales o dolorosas, como lo son el cáncer de estómago, entre otras enfermedades.

Por esta razón el no considerar recursos económicos adicionales, me hace sospechar de los alcances reales de este bienintencionado proyecto de ley. 

Como representante de la comunidad estoy conminado a pronunciarme sobre esta materia y en razón a que nadie tiene certeza absoluta de si existe algo después del fin de las funciones corporales, considero que deben ser las propias personas las que lo decidan, puesto que en muchos casos se prolonga la vida de forma artificiosa e inútil y no se respeta la decisión de los realmente afectados. 

Por último, a través de este medio emplazo a parlamentarios de Chile Vamos y  otros sectores conservadores de la Cámara de Diputados a que, una vez dado el paso de regular el buen morir, avancemos y apoyemos transversalmente el proyecto de eutanasia, pues, como lo he mencionado anteriormente soy un convencido de que sólo la propia persona, es quien debe tener el derecho de decidir sobre si mismo. A ellos los emplazo a ser verdaderos liberales, a que vean el liberalismo desde un prisma amplio y no sólo como un pensamiento basado en el interés económico individual.