El Gobierno y el reglamento de aborto, torciendo la voluntad popular
La Presidenta Michelle Bachelet impulsó el proyecto de aborto en tres causales, para consagrar el derecho a interrumpir la gestación en tres situaciones especialmente graves: riesgo de su vida, inviabilidad fetal letal y violación.
El proyecto fue objeto de una profunda discusión, tras lo cual se aprobó, recogiéndose diversas observaciones, como políticas de acompañamiento y la denominada objeción de conciencia de carácter personal, vale decir, la posibilidad de los miembros del equipo médico de excusarse de participar en base a sus convicciones.
Un grupo de parlamentarios recurrió al Tribunal Constitucional (TC). La instancia desestimó el reclamo más sustantivo, pero estableció una denominada objeción de conciencia institucional.
Se trata de un planteamiento bastante absurdo. Las que tienen conciencia son las personas. El TC, además, modificó arbitrariamente el texto para producir el efecto deseado en la redacción, lo que resulta muy discutible.
El Gobierno actual debió dictar el Reglamento de la ley. Éste fue objetado por la Contraloría, pues ampliaba la objeción institucional a recintos sujetos a convenio con el ministerio de Salud y que, por tanto, asumen un rol público y deberían prestar todo el catálogo de prestaciones. Se dictó un nuevo Reglamento, volviendo a una redacción más acorde al texto legal y a la función de estos prestadores privados.
Un grupo de parlamentarios recurrió nuevamente al TC, esta vez para reclamar contra este Reglamento. El tribunal les encontró la razón. Lo indignante es que el Gobierno no fue capaz de defender ante el TC su propio reglamento, argumentó débilmente, dando la razón al requerimiento y ni siquiera concurrió a los alegatos.
Una actitud vergonzosa que demuestra que el Ejecutivo está capturado por sectores ultraconservadores, que expresa una voluntad antidemocrática de utilizar todos los medios para torcer la voluntad popular y que afecta gravemente los derechos de miles de mujeres.
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