El Estado de Chile tiene la responsabilidad exclusiva y excluyente de priorizar la inversión pública en infraestructura con los procesos de licitación pública, esa plataforma transversalmente aceptada como una forma transparente y ordenada de contratar a particulares y realizar las muchas obras públicas necesarias para aumentar la calidad de vida de todos y todas.
Pero este proceso altamente burocrático es casi inentendible y en especial en un caso muy especial: el hospital de la zona norte de Santiago. Ad portas de un nuevo invierno veremos con el característico estupor el colapso de la urgencia del Hospital San José y en el comentario común estará la idea y la necesidad de un nuevo centro hospitalario. ¿Qué es lo curioso de esta reflexión? Llevamos fácilmente 20 años hablando del colapso del San José.
¿Quién es el responsable? La respuesta es una: el Estado de Chile, que con todo el poder, la capacidad humana y técnica, ha sido INCAPAZ de iniciar el proceso aunque sea. El año 2019 se anunció con bombos y platillos la construcción en Colina. Finalmente el terreno era inviable.
Mientras tanto, los habitantes de la provincia de Chacabuco, castigados de manera antojadiza y aleatoria de parte del Estado, mantienen la condena de no tener salud accesible, sumada a la condena de no tener acceso a transporte público y un sinfín de otras prestaciones públicas.
Entonces, ¿hasta cuándo? Muy pronto (y lo digo con sarcasmo), el Hospital de la Zona Norte entrará en el Olimpo de las eternas promesas de la política chilena, en ese indecoroso panteón donde hace poco residía el tren a Valparaíso, hasta que se anunció por el Presidente Boric, con la mera particularidad que no llega al puerto, aunque se anuncia como tal. Típico chileno.
Hoy pido que el Ministerio de Salud, encabezado por la ministra Aguilera, y la nueva ministra de Obras Públicas entiendan la necesidad del día a día de los habitantes de la zona norte de la región, en especial, de quien viven en Batuco, Tiltil o Colina, que pueden tardar una hora (o más) de traslado hasta Independencia y a merced del tráfico de las autopistas en hora punta.
El Estado de Chile no puede seguir decidiendo por las personas y menos, arrogarse el detener el progreso y los mínimos estándares de calidad de vida. ¿¡Hasta cuándo!?
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