La confianza de los mayores en el sistema
A finales del mes de julio se promulgó la ley de atención preferencial del adulto mayor en salud y pudimos observar cómo el Ejecutivo y el Legislativo celebraron tal iniciativa, no obstante, lo relevante de la materia y las declaraciones que la ley contiene, dicha normativa no contempla financiamiento alguno.
El financiamiento de una iniciativa que busca resolver las dificultades de las personas mayores en el sistema de salud respecto de la calidad de la atención resulta determinante, a no ser que el imaginario de los legisladores y del ejecutivo crea que el problema en la atención de salud radica en voluntades del personal o en deficiencias procedimentales de asignación de horas y medicamentos, y no en un déficit de recursos.
Mas allá de la operatividad que pueda o no pueda tener la ley, lo que ocurre con este tipo de prácticas de parte de instituciones llamadas a responder a las demandas sociales, políticas y ciudadanas es la perdida de confianza de las personas mayores con el sistema, lo que no sólo ocurre con este grupo, sino que con la ciudadanía en su conjunto.
De igual forma interesa destacar que la confianza o el logro de niveles aceptables de la misma es un elemento a abordar en los procesos de fortalecimiento institucional de cada uno de los poderes del Estado y de manera especial en los desempeños institucionales y el de sus políticas, algo determinante en pos de la democracia.
Complementa lo anterior el que los desafíos que plantea el envejecimiento de la población al sistema no logran instalarse en la agenda con la urgencia, prioridad y responsabilidad que requieren.
Una de las principales y más significativas transformaciones sociales en nuestra época es el envejecimiento de la población.
La población mundial cambia su fisonomía, la mayoría de los países están experimentando un aumento sostenido en el número y la proporción de personas mayores.
Este envejecimiento de la población representa un logro social y trae consigo consecuencias para todos los sectores de la sociedad, entre ellos el mercado laboral y financiero, la demanda de bienes y servicios (viviendas, transporte, protección social, servicios de cuidados, entre otros), así como para la estructura familiar y los lazos intergeneracionales.
A las personas mayores se las percibe cada vez más como elementos que contribuyen al desarrollo; se considera que sus habilidades para mejorarse a sí mismas y a la sociedad se deberían integrar en las políticas y en los programas a todos los niveles, como también un sector que demanda de más y mejores servicios.
En las próximas décadas, nuestro país estará sometido a presiones fiscales y políticas debido a las necesidades de asistencia sanitaria, pensiones y protección social de este grupo de población en aumento, por lo que no es posible seguir perdiendo tiempo no otorgándole la prioridad, la urgencia y el contenido que este debate demanda.
Me pregunto qué ocurre que las cifras y las tendencias siguen sin imponer la agenda de los mayores; es cierto que el edadismo contribuye a que la vejez no se posesione como una preocupación individual y tienda a ser vista como un tema de “otros”.
En el presente cada niño que nace en Chile con certeza superará los 80 años.
¿Es la realidad que viven las personas mayores en la actualidad la que queremos heredarles?
¿Es eso lo que esperamos para las generaciones que se aprontan a esa etapa?
Hace un año oía la entrevista a una persona de 106 años donde el periodista le preguntaba por el secreto para superar los 100 años. Su respuesta fue lapidaria: “No morir antes”. Así de simple y así de claro.
Es fundamental la voluntad de quienes colaboran con la temática, pero esto no es sólo la agenda de una autoridad, ni la de una sola institución, tampoco motivo de poesía legislativa, es una urgencia de agenda nacional, de un amplio debate, unida a la disposición de facilitar medidas con financiamiento, viabilidad fiscal y con participación de quienes serán sus destinatarios.
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