Las mujeres no queremos seguir “prestando el cuerpo”

Hay quienes olvidan, o pretenden hacerlo, que el Derecho Internacional desde hace décadas protege los derechos humanos de las mujeres y que, en el país y en el mundo entero, son muchísimos los avances en la materia. Las mujeres somos sujetas de derecho y ciudadanas plenas, y el cuerpo es el primer territorio para el ejercicio de los derechos fundamentales.

El problema es que en Chile, las autoridades y las leyes niegan a las mujeres su condición de sujetas de derecho y sus derechos ciudadanos, considerando el cuerpo de las mujeres poco más que un recipiente, un envase en préstamo, como tan bien lo ha explicado una senadora.

En el país, se impone a las mujeres bajo amenaza de cárcel llevar a término todo embarazo, incluso si éste pone en riesgo la vida o la salud, si existen malformaciones graves incompatibles con la vida o si el embarazo es producto de una violación sexual.

En estas situaciones límite, sin considerar en lo más mínimo el sufrimiento de las mujeres ni las consecuencias que para ellas pueda tener, el Estado no ofrece otra alternativa que el embarazo forzado.

Como si las mujeres no tuvieran ningún derecho y desatendiendo que de acuerdo al Derecho Internacional ello es constitutivo de tratos crueles, inhumanos o degradantes, agravados por ser agentes estatales quienes lo cometen.

Las leyes chilenas que castigan todo aborto niegan los más básicos derechos de las mujeres, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la integridad física y síquica, la prohibición de torturas, la autonomía personal y la libertad de conciencia, entre otros. Por ello han sido fuertemente condenadas por la comunidad internacional.

Numerosos organismos internacionales -como el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos del Niño y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer- han criticado al Estado de Chile por mantener estas leyes punitivas, instándole a reformarlas y establecer excepciones como el aborto terapéutico y en caso de violación.

También la ciudadanía demanda cambios normativos que resguarden los derechos de las mujeres. De acuerdo a la Octava Encuesta Nacional Percepciones de las Mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile 2011 de Corporación Humanas, más del 70% de las chilenas apoya una ley sobre aborto terapéutico, el 70% en caso de malformaciones graves y el 60% en caso de violación.

Pero las autoridades desatienden estas demandas, profundizando la brecha entre la clase política y la ciudadanía.

Cuando las leyes de un país imponen al conjunto de la sociedad una determinada concepción moral o religiosa sobre el valor (o su falta de valor) del cuerpo de las mujeres, se pone en entredicho el carácter laico del Estado, que en Chile se reconoce desde 1925.

Cuando el Gobierno insinúa que podría ser vetada una ley que permita el aborto en ciertos casos para proteger los derechos de las mujeres, se debilita la democracia.

Por más de veinte años, desde que fuera derogado el aborto terapéutico en las postrimerías de la dictadura militar, las autoridades gubernamentales y el Parlamento han sido incapaces de enfrentar una discusión fundamental en un Estado democrático, manteniendo sin resolver una de las más graves deudas del Estado de Chile con los derechos de las mujeres.

Pero la hora del debate ha llegado, los legisladores ya no pueden seguir eludiendo el problema aunque a muchos de ellos les incomode. Las mujeres somos ciudadanas y exigimos nuestros derechos. No queremos seguir prestando el cuerpo.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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