En mayo pasado, y a propósito de la reforma al sistema de salud, el Presidente Gabriel Boric se mostró partidario de fortalecer la atención primaria, especialmente en la ruralidad, donde existen dramáticas brechas entre los requerimientos de la población y la respuesta sanitaria. Pero la propuesta de incremento del aporte per cápita basal para Salud Primaria en sólo 100 pesos para 2023 apunta en un sentido absolutamente contrario.
El per cápita basal es una cantidad de dinero que se entrega a cada administración comunal por usuario inscrito en Fonasa, para financiar una canasta de prestaciones llamada Plan de Salud Familiar, que considera acciones destinadas a la salud del niño, del adolescente, del adulto y del adulto mayor, de la mujer, odontológica, del ambiente y la mayor parte de las garantías explícitas otorgadas por el nivel primario de atención.
Actualmente, alcanza a $9.618 pesos, producto de incrementos anuales más bien moderados durante los últimos 12 años (en 2010 era de $2.894), pero pocas veces tan escuálidos como éste.
Por mucho tiempo, desde los municipios y desde el Congreso defendimos un per cápita promedio de 10.000 pesos. Hoy, esa cifra, para tener un impacto real en la APS debería estar más cercana a los 12.000 pesos mensuales por persona inscrita.
La aparición de nuevas patologías, sumadas al incremento de otras ya existentes como la obesidad y la hipertensión, el aumento en la población de adultos mayores, la ampliación de las campañas de vacunación y las dificultades para dar cobertura sanitaria no solo a los sectores rurales, sino que a vastos centros urbanos, son sólo algunas de las realidades que la salud primaria lleva enfrentando ya por años, todo ello agravado en el contexto de la pandemia, tiempo en que rendimos homenajes, aplausos y sentidos discursos al personal de salud.
Por todas esas razones resulta absolutamente incomprensible que la propuesta del Ejecutivo sea tan misérrima.
¿Está consciente el gobierno de que con esta proposición ha abierto un nuevo e innecesario flanco de conflicto? ¿Consideran los autores del proyecto de presupuesto que un incremento de 100 pesos es suficiente para cubrir las crecientes demandas de salud de la población? ¿Tan difícil se ha vuelto el desafío de leer la complejidad de las realidades que enfrentan las comunas del país en el ámbito de la salud primaria?
Los exparlamentarios que hoy están en el gobierno ¿olvidaron cuando, en el debate presupuestario, pedían -con contundentes argumentos- más recursos para la salud?
Si bien el gobierno debe ser especialmente responsable en la distribución y manejo de los recursos públicos, también tiene la obligación moral de responder a las expectativas que generó en la ciudadanía. Con esta propuesta, el Ejecutivo está fallando a la promesa de fortalecer la salud primaria. No son 100 pesos. Es un sistema desplegado en el país entero, que a diario atiende y contiene a millones de chilenos chilenas. Es la dignidad de la salud la que está en juego. ¿De qué reforma a la salud estamos hablando?
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