Desde enero que, de manera silenciosa, la denominada "Comisión de Expertos" trabaja en la redacción de la propuesta de nueva Constitución y hasta ahora no se visualizan señales claras respecto de establecer de manera constitucional el derecho a la salud.
El problema es que hasta ahora la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión de Expertos Constitucionales, donde se concentra el debate en esta materia, el derecho a la salud no aparece garantizado.
La propuesta -aprobada en general hace unos días- establece el "Derecho a la protección de la salud física, mental y social", el que se desglosa en cuatro puntos: "a) El Estado protege el libre, igualitario y oportuno acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de dichas acciones, asegurando su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, de conformidad a la ley. b) Las acciones de salud comprenden el acceso a los medicamentos de conformidad a la ley. c) El Estado deberá crear, preservar y coordinar una red de establecimientos de salud, de acuerdo con estándares básicos y uniformes de calidad. d) La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse, sea estatal o privado".
Así, el texto no deja establecido de forma clara el derecho garantizado a la salud -haciendo responsable al Estado de ejecutar dicha garantía- y, aún con la grave crisis del sistema de Isapre en curso, se mantiene la lógica de la libertad de elección, cual producto de supermercado.
Hasta ahora, las organizaciones vinculadas a la salud pública no hemos tenido la oportunidad de exponer ante el comité redactor para manifestar nuestra disconformidad con el texto que se construye, el que, con algún matiz en la redacción sólo fortalece el actual modelo, a pesar de la crisis que tiene en penumbras a casi 3 millones de usuarios de la salud privada. Al contrario, representantes del sector privado y del negocio de la salud -como los exministros Jaime Mañalich y Paula Daza- tuvieron un publicitada exposición en favor del actual sistema.
La Comisión Experta debe abrirse a un debate que garantice el derecho a la salud, hecho que no excluye alguna consideración por la posibilidad de la existencia de un sistema privado, porque ya es patente que la participación del mercado como parte del sistema público solo lo deteriora y, peor aún, no garantiza acceso, tratamientos ni rehabilitación.
Esto porque se debe comprender que la crisis de salud que afecta a nuestro país es justamente causada por este sistema que subvenciona la salud, responsable de generar listas de espera para quienes no pueden pagar y, por otro lado, excesivos incrementos en los planes de pagos. Esto se resolvería, de mejor forma, si la salud fuera un principio y un derecho inalienable con el Estado como benefactor.
Un sistema público de salud global es lo que requerimos garantizar en la nueva Constitución. Que se haga cargo de que cada chilena y chileno tenga derecho a la salud, al acceso oportuno, a tratamientos a bajo costo, medicamentos que no estén condicionados por el bolsillo. Salud como pilar fundamental de la vida, no más como un producto más en las góndolas de las farmacias.
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