¿Qué pasa si quiebran las isapres?
La combinación para el sistema de isapres ha sido explosiva. Por un lado, incremento de gastos por demanda generada por pandemia Covid-19 y la masiva puesta al día de atenciones de salud postergadas. Al mismo tiempo, un alza sostenida en licencias médicas y la imposibilidad de subir los precios de los planes, congelados durante la crisis sanitaria. Este incremento en gastos, sin aumento de ingresos, ha significado pérdidas millonarias, que totalizan 220 mil millones en los años 2021 y 2022, muy por sobre las utilidades de años previos (82 mil millones en 2020).
¿Pueden quebrar las isapres? Sin duda. En primer lugar, es improbable que los planes puedan actualizarse a los precios demandados por las aseguradoras, producto de que si bien teóricamente pueden subir estos valores, la judicialización de las alzas lo ha hecho poco viable. De más está decir que el alza de planes en contexto económico, social y sanitario actual parece cada año menos oportuno. Más aún, nada hace pensar que consultas, licencias o costos en general del sistema vayan a experimentar alguna baja -sostenida y drástica- en el futuro inmediato. A lo anterior hay que sumar una crisis de legitimidad producto de la selección de usuarios sanos y de mayores ingresos, que es percibida por usuarios como abiertamente discriminatoria.
Más aún, en contraste con lo vivido por Isapre Mas Vida hace unos años, donde apareció un comprador interesado cuando la empresa estuvo en dificultades, hoy, al estar todas en una grave situación económica, no se ve como una posibilidad que una aseguradora pueda ser comprada por otra.
¿Qué sucede entonces si una isapre quiebra? Los pacientes que no tienen preexistencias podrían cambiarse a otra, sin embargo aproximadamente el 40% de ellos son cautivos directos o indirectos. Es decir, tienen preexistencias, o sus cargas poseen preexistencias que en la práctica hacen improbable que puedan ser aceptados por otra entidad.
La superintendencia puede licitar la cartera de pacientes de la aseguradora, pero nuevamente, en un contexto de crisis global de la industria, es difícil que aparezcan interesados.
Por otra parte, si un porcentaje relevante de usuarios pasa súbitamente al sector prestador estatal, aunque este número sea proporcionalmente pequeño (ej: 10 % de los usuarios de una determinada isapre), eso no hará sino tensionar más a un sistema que ya tiene 2 millones de atenciones por especialistas postergadas.
Finalmente, los ajustes de precio a los planes, aunque se autoricen, tampoco son la salvación. Aumento constante de precios por parte de isapres hará a Fonasa más atractivo para otros usuarios, llevando a una reducción en número de afiliados privados (que ya se ha reducido 10% en 10 años) y a una profundización de una crisis, que a estas alturas, es terminal.
En el largo plazo, la única solución que permitiría darle viabilidad al sistema, y legitimidad social, es una ley que cree un seguro universal de salud, que establezca un financiamiento y plazos concretos, para que en un plazo de cinco a 10 años avancemos hacia un seguro que financiado con impuestos y con el 7% de la cotización permita la atención de todos los chilenos en una red integrada público-privada, al igual que se hizo con éxito durante la pandemia.
Las isapres pasarían a cumplir otro rol, convirtiéndose en seguros de segundo piso, suplementando prestaciones que no estén financiadas por Fonasa, como sucede en Corea del Sur, Reino Unido o Canadá. La crisis del sistema privado asegurador de salud se agudiza, y dados los extensos vasos comunicantes entre ambos sistemas, el impacto de una caída súbita del sistema de isapres puede ser extremadamente grave para el sistema público de prestadores, que podría ver un rápido incremento en demanda, y para el sistema privado de prestadores, que podría ver comprometida su propia existencia, por un quiebre en su financiamiento.
Es clave entonces que el Gobierno no sólo tenga un plan de emergencia, sino que busque pronto los consensos para avanzar en aquello que ya no puede ser postergado: la creación de un nuevo sistema de financiamiento en salud.
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