Terminado el gobierno, podemos decir que la hora de la salud no llegó

Karen Palma Tapia

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La gestión de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quedará marcada por la falta de conducción política, la ausencia de un diálogo efectivo con las y los trabajadores y la tolerancia frente a denuncias reiteradas de violencia y acoso laboral en servicios de salud y hospitales a lo largo del país. A ello se suma una orientación persistente a fortalecer el sistema de isapre en desmedro del sector público, debilitando aún más una red sanitaria que ya operaba bajo una presión crítica.

Este extenso listado de falencias se corona con la polémica operación exprés de su madre en el Hospital Salvador, episodio que profundizó la percepción de desigualdad, privilegio y abuso de poder al interior del sistema de salud.

Con estos antecedentes, la evaluación de su gestión no puede sino ser negativa. Durante su periodo no existió una voluntad política real para mejorar las condiciones de atención de las millones de personas que dependen del sistema público. No hubo avances sustantivos en infraestructura ni en el fortalecimiento de las dotaciones necesarias para enfrentar la creciente demanda sanitaria. El resultado es un sistema tensionado, precarizado y sostenido casi exclusivamente por el compromiso de sus trabajadoras y trabajadores.

Aunque desde el Ministerio de Salud se han difundido cifras que intentan mostrar avances -como reducciones en listas de espera o indicadores administrativos-, la realidad cotidiana de las y los trabajadores y de las y los usuarios está muy lejos de ese relato. Existe una brecha evidente entre los informes oficiales y la "sensación térmica" del sistema: sobrecarga laboral, precarización, listas de espera que se reordenan pero no desaparecen y una creciente sensación de abandono del sector público. Las cifras no logran ocultar el desgaste humano ni la pérdida de confianza.

Hoy el personal de salud se encuentra exhausto física y mentalmente, con altos niveles de ausentismo producto del desgaste laboral y sin mecanismos de reemplazo oportunos. La gestión del Minsal ha trasladado, en los hechos, toda la responsabilidad del funcionamiento cotidiano a las y los trabajadores, sin entregar recursos ni condiciones mínimas para un trabajo decente, seguro y de calidad. Se administra la emergencia, pero no se gobierna el sistema.

Esta lógica también marcó la relación con los gremios. El silencio, la falta de diálogo y el bloqueo a demandas históricas caracterizaron el vínculo con las organizaciones sindicales. Solo gracias a la movilización y la organización fue posible avanzar en materias como Incentivo al Retiro, Carrera Funcionaria o Asignación Técnica, conquistas logradas pese a la resistencia de la autoridad y no como parte de una política deliberada de fortalecimiento del trabajo en salud.

Lo más grave es que este escenario se consolida en un gobierno que contaba con condiciones inéditas para impulsar transformaciones profundas. Existía articulación política, consenso social post pandemia y un reconocimiento transversal de la urgencia de fortalecer la salud pública. Esa oportunidad fue desaprovechada: se optó por administrar el conflicto en lugar de impulsar cambios estructurales que dignificaran el trabajo en salud.

Tras más de tres años de gestión, el balance es claro: se profundizaron las brechas laborales, se deterioraron las condiciones de atención y se multiplicaron los episodios de violencia en el sector. Un saldo que no puede maquillarse con discursos técnicos ni indicadores parciales.

A este escenario se suma hoy la incertidumbre frente al gobierno de José Antonio Kast. Sus planteamientos anticipan un retroceso profundo: reducción del Estado, debilitamiento de la función pública y mercantilización de derechos sociales. Esto amenaza con precarizar aún más el trabajo en salud y afectar directamente la calidad y equidad de la atención.

Defender la salud pública es defender a quienes la sostienen día a día. No hay sistema posible sin trabajadoras y trabajadores con derechos, estabilidad y condiciones dignas. La organización colectiva seguirá siendo nuestra principal herramienta para enfrentar los retrocesos y defender la dignidad del trabajo al servicio del pueblo de Chile.