Cuando impera la sensatez y el espíritu colaborativo nuestro país saca sus mejores virtudes. Surge la solidaridad, la comprensión colectiva y la capacidad de desarrollar tareas comunes, para bien de todos quienes viven en nuestro país.
Es lo que está presente en el proceso de vacunación, que se ha transformado no solo en una eficaz política de Estado contra la pandemia, sino también en una manifestación de consenso político y social, donde lo que prevalece es el bien común.
Chile tiene una tradición sanitaria y una historia en salud pública que se ha construido más allá de los intereses y los acentos ideológicos, en más de 80 años de logros importantes. Ello ha sido un soporte para cualquier gobierno, para afrontar exitosamente distintas crisis que imponen las amenazas epidémicas y pandémicas.
La salud pública chilena ha tenido logros relevantes en distintos planos. Ello ha sido la base para afrontar diversas contingencias en las décadas pasadas, con el aporte fundamental de los profesionales y los funcionarios de la salud, quienes han sido capaces de plasmar el éxito de las políticas, y subsanar las debilidades que ellas hubiesen podido evidenciar a través de su experiencia y abnegación.
Así, una política correcta de Estado y un personal de salud abnegado y experto han sido una base fundamental para implementar hoy una urgente campaña de vacunación contra el COVID-19, más allá de cualquier interés político, fundamental para avanzar hacia el control de la actual pandemia.
Es una política eficaz y necesaria que requiere una disposición colaborativa y una planificación. Su éxito depende de cumplir la progresión que ayude a resolver los factores que tensionan al sistema de salud, avanzando de modo coherente en el control de los efectos sobre los grupos más vulnerables.
La regla de prioridad la han dado los expertos presentes en las instancias que la propia autoridad ha definido como consultivas, mediante el dato científico. Este indica que la vulnerabilidad está establecida prioritariamente en directa relación con los factores de riesgo y en los grupos que presionan sobre la atención hospitalaria.
No puede estar determinada la priorización por parte de autoridades políticas no sanitarias, sobre todo cuando ellas son parte de los debates electorales en marcha, ya que, a través de una presión incorrecta, ello puede debilitar la debida planificación que el proceso de vacunación exige.
Por estos días algunos líderes de diversos grupos de interés buscan imponer exigencias de priorización. Deben saber que, en último término, toda nuestra población es prioritaria. Sin embargo, para cualquier observador responsable es obvio que hay sectores de la población que requieren la vacunación antes que otros, poniendo el foco en la protección de la vida y en el control de la saturación y stress de los servicios hospitalarios.
En ese sentido, es muy importante que la autoridad sanitaria mantenga coherencia con el diseño estratégico, y que las demandas de prioridad estén en un plano acorde con la protección a los más amenazados por la pandemia, y no determinada por particularizaciones no sostenibles ante una población que observa críticamente argumentos poco sustentables.
La gestión sanitaria ha comprometido los suministros necesarios, por lo cual, todos los chilenos que lo requieran tendrán acceso a la vacuna, pese a un escenario internacional complejo.
Esta coherencia con el diseño estratégico es lo que nos permitirá que el proceso se vaya cumpliendo de modo eficaz, manteniendo una estrategia científico-sanitaria que permita controlar los efectos de la pandemia y sus derivados sociales y económicos.
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