Aniversario de inclusión laboral: ¿Se está logrando el objetivo?

María José Escudero

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En este mes de abril se cumplieron cinco años de la entrada en vigencia de la Ley 21.015, que incentiva la inclusión laboral en Chile y que obliga a las empresas y organismos públicos con más de 100 trabajadores(as) a contratar al 1% de su plantilla con personas con discapacidad (PcD). Si bien ha sido por lejos la mejor política pública en materias de discapacidad, más del 60% de las empresas y el sector público siguen sin cumplir.

Actualmente, hay 52.533 contratos vigentes de PcD bajo la ley 21.015, menos de la mitad de los contratos activos que se registraron al momento de entrada en vigencia de la ley (111.000). La tendencia es preocupante ya que son cada vez menos las empresas que adhieren al espíritu de la Ley, que es la contratación directa. Esto sin considerar a los organismos públicos, los que tienen menos exigencias y donde es aún mayor su incumplimiento.

Según registros administrativos de la Dirección Nacional del Servicios Civil y del Servicio Nacional de la Discapacidad, en el año 2021 el universo de instituciones públicas fue de 617, distribuidas en 345 municipalidades, 212 administrativas centrales del Estado y 60 autónomas 60. Sólo 48 de las instituciones declararon que seleccionaron PcD, siendo solamente 78 de ellas contratadas a lo largo de todo el país.

Asimismo, el panorama general evidencia grandes brechas en materias de equidad de género, ya que según el Estudio Nacional de Discapacidad y Dependencia, ENDIDE 2022, en nuestro país son más mujeres que hombres con discapacidad, pero lamentablemente de las PcD contratadas, solamente 36% son mujeres. Es decir, doble brecha. Pero también, es alarmante que casi el 50% de las PcD contratadas son de la RM, es inminente la necesidad de descentralizar.

Necesitamos urgente avanzar para que toda persona en situación de discapacidad obtenga un trabajo digno, decente y que pueda desarrollar su trayectoria laboral en igualdad de oportunidad y condiciones. Y esto sólo se logrará con la reforma de la ley 21.015, aún en trámite en la Cámara Baja, y que esperamos también incorpore perspectiva de género, intermediación laboral obligatoria y el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a reducir la brecha educacional y territorial.

Hacemos un llamado a todos los sectores a unirnos a trabajar de manera colaborativa, en un verdadero pacto por la inclusión sociolaboral para las casi 3 millones de PcD en edad de trabajar.