Chile discriminador y fóbico

El título de la columna no se refiere al resultado de un estudio estadístico —que los hay y lo revelan— sino a mi manera de caracterizar dos acontecimientos que me tocó vivir de cerca la semana pasada en el contexto del proyecto Incide, que ejecutamos varios profesionales de la Corporación Participa.

El primero fue el trascendido de prensa dando a conocer que el INE había decidido eliminar la pregunta sobre los afrodescendientes del cuestionario para el censo del 2012.

La noticia fue recibida como un acto de de discriminación y racismo por agrupaciones afro chilenas, y con razón.

Me consta que desde el año 2005, estas agrupaciones vienen intentando relacionarse con distintos organismos gubernamentales y, especialmente, con el INE, a fin de participar en las deliberaciones para tomar la decisión sobre su inclusión en el censo 2012.

Por iniciativa propia intentaron colaborar en esa deliberación, aportando documentación latinoamericana y mundial, sobre la inclusión de afrodescendientes en censos de población., elaborando documentación propia con fundamentos de diversos tipos para apoyar su petición, entregando resultados de encuestas y pruebas censales previas, realizadas por estas agrupaciones con veedurías expertas internacionales.

A esto se suma el envío de cartas de apoyo que recibieron de organismos internacionales y nacionales, respaldando su inclusión.

Asimismo, la agrupación de afro chilenos pidió ser invitada a alguna reunión de trabajo del INE para apoyar y tratar el tema con los técnicos y políticos que finalmente tomarían la decisión.

Luego de este largo esfuerzo, y sin que nunca se les haya llamado, a pesar de las promesas recibidas ante las reiteradas solicitudes, se enteran por la prensa que la pregunta no va y que, por lo tanto, el Gobierno de Sebastián Piñera, los condena por diez años más a no ser reconocidos dentro de su propio país.

Mi opinión es que esta exclusión de los afrodescendientes del censo 2012 es una expresión de un país discriminador que, desde los inicios de la República, basado en una ideología de la homogeneización, eliminó de todos sus censos y estadísticas la existencia, entre nosotros, de una población distinta a la blanca.

La existencia de pueblos originarios volvió a ser reconocida recién a partir del censo de 1992, mientras que los afro chilenos aún no cuentan.

El otro hecho fue el atentado incendiario a las viviendas de emergencia que ocupaban un grupo de transgéneras en la ciudad de Talca.

“Transgéneras por el cambio” es una agrupación que luchó después del terremoto para conseguir mediaguas para sus asociadas que quedaron en la calle.

Seis mediaguas se instalaron en un sitio cercano al centro de la ciudad, que albergaban a socias de la agrupación a la espera de la entrega de viviendas definitivas de los programas de reconstrucción.

La noche del 18 de septiembre, mientras las mediaguas estaban sin moradoras, se produjo un incendio simultáneo en cuatro de ellas, las cuales fueron consumidas por el fuego en pocos minutos. Bomberos ya confirmó que se trató de un acto intencional y que, por tanto, obedeció a un delito.

Las transgéneras son personas que el examen físico al momento de su nacimiento las identificó e inscribió legalmente con un sexo.

Sin embargo, en su vida se identifican con un género distinto al que supone su sexo oficial.

Esta situación las obliga a vivir en una dualidad entre la identidad legal y su identidad personal, enfrentando cotidianamente las dificultades de insertarse y participar en una sociedad intolerante, discriminatoria y hasta fóbica de la diversidad sexual.

Entre estas, la más conocida es la homofobia, que se focaliza hacia las personas homosexuales, pero más violenta es la transfobia, focalizada hacia las personas que intentan vivir según su identidad de género, a pesar de su caracterización sexual.

El atentado de Talca difiere del primer caso en que este no es un hecho perpetrado por el Estado, sino por particulares.

Sin embargo, el Estado no puede desentenderse de lo que hacen los individuos que lo forman, pues con su actividad o pasividad, contribuye a forjar la identidad nacional y la forma de convivencia de sus integrantes.

Existen muchos ejemplos cotidianos en los que se manifiesta de manera cruda o velada la discriminación y la intolerancia a la diversidad, ante lo cual las autoridades no pueden quedar pasivas.

En mi opinión, el Estado de Chile tiene hoy el deber de tomar parte activa en la construcción de una identidad nacional que valore, proteja y desarrolle la diversidad étnica, cultural y sexual, entre otras dimensiones, que forman parte de nuestra nación.

Para ello tiene que ser implacable en condenar los actos discriminatorios y fóbicos de cualquier tipo y promover leyes y políticas públicas de desarrollo y protección, especialmente de las minorías que han sido históricamente vulneradas en sus derechos.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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