De víctimas a sobrevivientes

María José Escudero

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Hace un año, un devastador megaincendio arrasó con las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, dejando huellas imborrables en las vidas de miles de familias. Entre las zonas más golpeadas estuvo El Olivar, en la Ciudad Jardín, donde el fuego no solo consumió viviendas y pertenencias, sino también se llevó vidas de seres amados, vecinos(as), mascotas y destrozó sueños y certezas.

Hoy, al recorrer estos territorios, es evidente que la tragedia está lejos de haber quedado atrás. Las personas damnificadas continúan enfrentando condiciones de vulnerabilidad extrema, atrapadas entre la falta de soluciones definitivas y el abandono sistemático del Estado. Este escenario no solo perpetúa la revictimización, sino que también expone una profunda vulneración a los derechos humanos y fundamentales de miles de personas y familias, quienes lo han perdido todo.

Es impresentable que, en lugar de recibir apoyo oportuno y efectivo, las familias afectadas a la fecha, tengan que continuar la persecución a las autoridades para obtener respuestas. La incertidumbre en torno a temas fundamentales como la reconstrucción de viviendas, el acceso a servicios esenciales y la modificación arbitraria del bono de acogida no solo afecta su bienestar material, sino que también golpea severamente su salud mental e integral. Cada día de espera, entrega de información de manera informal y cada promesa incumplida, son recordatorios dolorosos de la negligencia que las ha puesto en esta situación.

A la fecha, la cifra de 137 fallecidos(as) ha aumentado debido al deterioro de la salud, el agravamiento de diagnósticos e incluso por suicidios. Además, se han registrado numerosos y lamentables intentos fallidos de quitarse la vida por parte de personas en extrema desesperación, provenientes de distintos territorios que, su misma comunidad alerta en cada ocasión, para que puedan recibir soporte psicosocial, algo que a la fecha ha sido nulo.

La catástrofe de hace un año no fue solo un evento fortuito; también fue el resultado de una acumulación de irregularidades y fallas estructurales. La falta de medidas preventivas, de planificación urbana responsable y de gestión adecuada por parte del Estado agravó una situación que podría haberse mitigado. Sin embargo, incluso después de la tragedia, las respuestas han sido insuficientes y, en muchos casos, tardías.

Pero no todo es desolación. En medio del abandono institucional, hemos sido testigos del inmenso poder de la resiliencia comunitaria. Que a pesar de que las propias autoridades con su actuar y afán partidista han destrozado el tejido social, las familias damnificadas, lejos de rendirse, han trabajado por recuperar su dignidad y por construir nuevos comienzos. Sin embargo, esta carga no debería recaer sólo en ellas. Como sociedad, tenemos la obligación de exigir justicia, acompañamiento y soluciones concretas.

La historia de El Olivar y de las comunidades afectadas no puede ser solo una más en la lista de desastres mal gestionados en nuestro país. Es una oportunidad para reflexionar sobre las prioridades y responsabilidades que tenemos como sociedad, y también un llamado a las autoridades para que dejen de mirar hacia otro lado. No podemos permitir que las víctimas se conviertan en sobrevivientes por su propia cuenta, mientras el Estado ignora su deber de proteger y reparar.

Hoy, al alzar nuestras voces por ellas y ellos, recordemos que la verdadera reconstrucción no es solo material, sino también humana. Está en nuestras manos seguir visibilizando esta situación y trabajando para que nunca más una comunidad quede en el olvido tras una tragedia. Porque la justicia también es un derecho que no puede esperar.