El reciente acto de profanación en el Cementerio General, que incluyó la manipulación de restos humanos y el uso de mausoleos como pistas de skate, ha generado una profunda indignación en nuestra comuna y, por cierto, en toda la sociedad chilena. Este hecho, que atentó contra la memoria de figuras históricas como Salvador Allende y Ernestina Pérez (una de las primera mujeres médicas del país), también refleja, en parte, una crisis social, cultural y de identidad por el respeto a los espacios de memoria colectiva.
El Cementerio General no es sólo un camposanto o una necrópolis, es un monumento nacional que alberga parte importante de la historia de Chile. Desde su fundación, en 1821, ha sido testigo de momentos muy significativos del país, por lo que la profanación de sus tumbas es una afrenta a todos quienes han contribuido en la construcción de nuestra nación.
En los últimos años, hemos sido testigos de repetidas agresiones a este patrimonio, desde rayados y quemas hasta la sustracción de elementos simbólicos. El Consejo de Monumentos Nacionales, al igual que nuestra municipalidad y el propio cementerio, ha expresado su rechazo a estos daños, calificándolos como una violación al respeto y a la convivencia democrática.
La responsabilidad de proteger estos espacios recae en cada uno de nosotros, como autoridades locales y también nacionales. Desde nuestra municipalidad, y en coordinación con el Cementerio General, estamos avanzando en el reforzamiento de la seguridad del espacio y en mayor infraestructura que permita terminar con cualquier afrenta delictual al interior del cementerio.
Sin embargo, tanto los recursos de la municipalidad como del Cementerio General son finitos y gran parte de ellos se utilizan en la operatividad de ambas instituciones. El cementerio con sus recursos propios no logra abarcar toda la dimensión de las crecientes necesidades. Por ejemplo, invertir en más seguridad hoy nos costaría adicionalmente 100 millones de pesos mensuales.
Por esto, es imperativo que el Estado central y la sociedad civil se sumen a esta necesidad de restaurar el respeto y la buena convivencia en el Cementerio General, lo que implica no sólo reforzar las medidas de seguridad, sino también fomentar una cultura de respeto hacia nuestros espacios de memoria. La profanación de tumbas efectivamente es un delito contra el patrimonio, pero también es una agresión a nuestra identidad e historia nacional.
No hay duda de que ha habido pasos importantes en materia de reconocimiento de los espacios patrimoniales en Chile, como lo es el Cementerio General, pero, al mismo tiempo, debemos coordinar acciones conjuntas y concretas para salir en defensa de ellos, pues la memoria colectiva, que honra la historia de la patria, es sin duda esencial para el futuro mejor que soñamos.
Por todo esto, se vuelve indispensable revisar a fondo la ley de Cementerios y de Monumentos, pues se requiere mayor flexibilidad para avanzar en el cuidado y mantención del camposanto. Necesitamos el apoyo decidido de todas las instituciones, especialmente cuando este condenable acto de profanación ha dejado en evidencia que el valor por nuestra historia y patrimonio sigue vivo en la sociedad chilena.
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