Los pobres siguen esperando

A partir de la primera semana de septiembre comenzó el cierre de los albergues de invierno dispuestos por el ministerio de Desarrollo Social, los cuales, según información proporcionada por el propio organismo estatal, tenían una cobertura para 1.100 personas y contaba con un presupuesto de $ 2.200.000.

Entre los principales objetivos del Plan de Invierno se fijó el de “prevenir los deterioros graves en la salud de éstos, mediante el mejoramiento de las condiciones en que pernoctan, viven y se alimentan las personas en situación de calle”.

Los resultados respecto a la efectividad del programa no han sido informados. Los datos disponibles son los proporcionados por los medios de comunicación y dicen relación con las víctimas fatales producto de las bajas temperaturas u otros factores (este año al menos 4 personas en situación de calle resultaron fatalmente lesionadas producto del fuego).

Lo cierto es que hoy la situación se complejiza porque además, tras el cierre de los dispositivos de invierno, Chile no cuenta con una política social específica para acompañar a estas personas, dado que desde mayo del presente año finalizó el Programa Chile Solidario para Personas en Situación de Calle, el cual permitía a distintas organizaciones de la sociedad civil, intervenir en esta realidad, generando mecanismos de acceso a las oportunidades y recursos disponibles en la oferta público-privada, facilitando el acceso a la salud, al empleo, etc. promoviendo así su reinserción social.

El 28 de agosto de este año, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Solidaridad, el Ministro Bruno Baranda dio a conocer una nueva política pública, cuyo principal componente es el Ingreso Ético Familiar. Sin embargo, más allá de los titulares, no hay información de fondo sobre este diseño.

Estas dos situaciones, el cierre de los albergues y la ausencia de una política de intervención para personas en situación de calle, generan un escenario complejo, en el que ciertamente ellos son los principales afectados.

No obstante, las consecuencias se hacen sentir también en los hospitales públicos, en las autopistas urbanas, en los parques y plazas municipales, en los cuales se resuelven, precariamente, los requerimientos de habitabilidad y el acceso a mínimos servicios.

Aunque la extrema pobreza (urbana) es estadísticamente baja y da muestra de estabilizarse (en torno al 3 %, CEPAL 2012), ciertamente se hace crónica y más vulnerable a factores externos (como las bajas temperaturas), requiriendo de una mayor focalización en cuanto a las acciones de intervención, equipos especializados y recursos suficientes y permanentes para abordarla.

Y ciertamente, es necesario involucrar a nuevos actores, toda vez que las corporaciones y fundaciones, así como el voluntariado, no son suficientes para enfrentar y satisfacer las distintas demandas, alimentación, vestuario, capacitación, orientación y apoyo jurídico, servicios especializados en salud mental y rehabilitación de consumo abusivo, discapacidad física, entre otras. Por ejemplo, las municipalidades.

Es necesario señalar al respecto que las comunas que concentran en la Región Metropolitana las más altas tasas de personas en situación de calle (Santiago, Independencia, Recoleta, Estación Central) no son necesariamente las que, por razones intrínsecas, generen más situación de calle.

Lo que hemos venido constatando es que se produce una situación perversa, toda vez que estas comunas proveen de mayores oportunidades (hospitales, casas de acogida, comedores solidarios) provocándose una migración desde las comunas pobres de la periferia hacia estas, en busca de mejores condiciones de subsistencia.

Por tanto, es necesario abrir el repertorio de servicios en las comunas periféricas: Puente Alto, La Pintana, Pudahuel, Cerro Navia, Peñalolén, San Bernardo, Pedro Aguirre Cerda, entre otras. Por ello creemos que la Asociación Chilena de Municipalidades debe pronunciarse al respecto.

Del mismo modo, y frente a la próxima elección de los Consejeros Regionales que conformarán los GORE, creemos pertinente hacerles un llamado a que asuman un claro compromiso en esta materia, destinando los recursos necesarios para que cada municipalidad pueda implementar permanentemente al menos un centro de acogida para personas en situación de calle en su comuna, adicionándoles los equipos con los que estas cuentan (en salud primaria y mental, en capacitación y empleo, en vivienda y otros servicios) y al mismo tiempo, que se realicen los esfuerzos necesarios para que cada región cuente con un centro de cuidados pos hospitalarios para estas personas, una de las situaciones de mayor complejidad en los hospitales públicos, y que ha permanecido absolutamente invisibilizada durante la gestión del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, quien hiciera de la erradicación de la extrema pobreza una de sus principales promesas electorales.

Por ahora, 11000 personas se encuentran nuevamente en las calles de nuestras ciudades, los que se suman a aquellos que no accedieron a estos servicios.

Esperamos que la Ley de Presupuesto 2014 considere una nueva política en la materia y que las autoridades que sean electas en diciembre no esperen las cifras rojas del próximo invierno para enfrentar, con un categórico compromiso país, las tareas necesarias para erradicar esta situación, la que afecta a 12 mil chilenos, entre ellos niños, ancianos y pacientes psiquiátricos.