En agosto se publicó en el Diario Oficial la ley 21.690 de Inclusión Laboral, que modifica la normativa para las personas con discapacidad (PcD). Los cambios afectarán a las empresas con más de 100 trabajadores y estarán vigentes el 2025: Aumento de las multas, cambios en la forma de implementar medidas alternativas en la donación y en la tercerización de servicios.
Las sanciones se incrementan según el tamaño de las empresas, y se aplican por cada PcD y por cada mes que no tenga contratado. La Dirección del Trabajo fiscalizará la forma en que las empresas cumplen con las medidas y podrá multar si la empresa está en falta.
Las donaciones se descentralizan. Las empresas podrán donar sólo el 50% de los recursos a una organización con proyectos registrados en el Ministerio de Desarrollo Social; el otro 50% se debe destinar a una organización en otra región. Si las empresas no cumplen con la cuota deben optar por donar o generar contratos de tercerización de servicios.
La inclusión laboral de PcD es materia de estudio a nivel global. Organismos internacionales examinan el tema desde enfoques cada vez más económicos, analizando su impacto en el PIB, en las rentabilidades financieras de las empresas, en la seguridad social, etc. Pero, a pesar de todo, persisten barreras para el ingreso al trabajo. Las más importantes son los mitos y prejuicios o la falta de conocimiento para la toma de decisiones gerenciales.
La inclusión es más que cumplir una cuota. Hay que fomentar un entorno inclusivo; se mejora la reputación corporativa, también el impacto positivo en la productividad. Empresas y organismos internacionales destacan beneficios económicos y sociales que se producen al incorporar a las PcD al trabajo competitivo (OIT, 2013; Banco Mundial, 2021; BID, 2024).
Un ambiente de trabajo diverso promueve la creatividad, la innovación y, en última instancia, el rendimiento. La participación en el mercado laboral no debe estar determinada por el hecho de que una persona tenga o adquiera una discapacidad, sino por sus habilidades y competencias. En Fundación Tacal hemos incluido a 2.800 personas con un contrato indefinido, cambiando sus vidas y las de sus familias.
La ley de Inclusión Laboral representa un paso trascendental hacia un Chile que fomenta la diversidad. Más allá de las sanciones y multas, la verdadera ganancia será para aquellos que, al incorporar la inclusión como parte de su estrategia, logren crear ambientes de trabajo más innovadores, dinámicos y solidarios.
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