La persecución a Uber, Cabify, Beat y Didi
El gobierno, a través del ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), con apoyo del Congreso, ha manifestado la intención de sancionar a quienes lleven el celular activado en su auto.
Por ejemplo, la aplicación Waze, que miles de conductores utilizan para detectar los interminables tacos que se forman en Santiago, buscar vías alternativas o guiarse hacia un destino del cual se desconoce la ruta.
El argumento de las autoridades y algunos “expertos” es que usar una aplicación como Waze es tan grave y riesgoso como conducir en estado de ebriedad, lo que resulta una comparación absurda, baladí, ajena a la realidad.
Lo de fondo, y que no se dice, es que la sanción que se pretende no es más que una acción solapada en contra de Uber, Cabify, Beat y Didi, aplicaciones de transporte de pasajeros cuyos conductores utilizan Waze.
El gobierno, el MTT y el Congreso, se caracterizan por imponer leyes para sacar dinero de cualquier modo a los chilenos, y muchas de estas leyes tienen que ver con el tránsito de vehículos.
Las vías exclusivas y las pistas “Solo Buses” fueron creadas, so pretexto de mejorar el Transantiago, para sacar la mayor cantidad de partes posibles.
Esto con ayuda de cámaras y fiscalizadores en terreno, cuyos métodos, amparados por el presidente Sebastián Piñera a través de la ministra de Transportes, Gloria Hutt, son legalmente cuestionables en su persecución enfermiza para detener autos de Uber, Cabify, Beat y Didi, multarlos (cerca de 500 mil pesos), llevarlos al corral en una grúa (alrededor de 95 mil pesos) y mantenerlos allí el mayor tiempo posible (poco más de de 8 mil pesos diarios).
O sea, negocio redondo para el municipio, para los dueños de las grúas y del corral. Los días preferidos para fiscalizar aplicaciones, como las llaman las autoridades, son los días previos a feriados, sobre todo largos. Obvio, más días de corral.
¿Cómo fiscalizan a las aplicaciones los empleados del Programa Nacional de Fiscalización y Transporte? Lo hacen con métodos reñidos con la ley, y eso es lo grave, pues actúan de manera que no corresponde a un ministerio que se supone debe actuar con máxima probidad.
Estos métodos deben ser investigados por la Contraloría y el Parlamento. He aquí el fragmento de una denuncia presentada a la ministra Gloria Hutt.
“Encontrándome en el Aeropuerto de Santiago, alrededor de las 16:30 horas del día 30 de abril de 2019, dejando en el sector de embarque internacional a una vecina que me pidió que la trasladara al Terminal aéreo, como hacen docenas de chilenos legalmente y a diario con parientes, vecinos, amigos, colegas, etcétera, se me acercó un fiscalizador del ministerio (vestido con el chaleco oficial de los fiscalizadores) me pidió los documentos del auto y mi licencia. Los puse a su disposición amablemente.
Entonces me dice: “usted está conduciendo para una aplicación”… No, le respondo. Vine a dejar a una vecina, en esa condición estoy conduciendo ¿por qué?, le pregunto… Porque mi compañero está interrogando a la pasajera que bajó de este auto y es mejor que responda con la verdad, replica amenazante… En ese momento se le acerca otro fiscalizador y le habla al oído, tras esto se voltea y me dice: “La pasajera que se bajó de este auto dice que la trajo por medio de una aplicación, será multado y llevado su auto por la grúa”.
Eso es falso le digo, mi vecina ya ingresó al Terminal y, además, ustedes no tienen ningún derecho de interrogar a las personas que transitan por el aeropuerto. Lo que ustedes hacen es una manera de amedrentamiento. Y respecto a mí usted pretende sacar verdades de mentiras. Dado lo anterior, el señor se llevó mis documentos y me conminaron a dejar mi auto junto a la grúa para ser trasladado al “Aparcadero Municipal de Custodias Nacionales”.
Obviamente todo esto bajo la insinuación de convocar a personal policial de no acatar lo solicitado. Los funcionarios se negaron a entregar sus nombres cuando se los solicité. Una vez consumada la tramitación del parte, y montado el auto en la grúa, me acerqué a un oficial de carabineros motorizado y le pregunté por qué razón permiten que los fiscalizadores procedan a interrogar a quienes descienden de los autos e ideen artimañas para tratar de cazar autos que suponen son conducidos funcionando con una aplicación de transporte como Uber o Cabify. Eso es ilegal.
El oficial me respondió: “No nos metemos en cómo otros hacen su pega” (…) “Los fiscalizadores, al dedicarse a interrogar a las personas que bajan de los automóviles en el Aeropuerto de Santiago, están claramente trasgrediendo la Constitución avalados por vuestro ministerio, lo que es gravísimo.
Los fiscalizadores no son interrogadores, ni policiales ni privados, no poseen esa prerrogativa, menos aún que se la auto atribuyan para lograr declaraciones acusatorias mediante el engaño contra los conductores que dejan personas en el aeropuerto. Tales prácticas son ilegales y no amerita que se sancione bajo su uso”.
La ministra entregó su respuesta a través de la señorita Paula Flores Jamasmie, Secretaria Ejecutiva del Programa Nacional de Fiscalización.
Una respuesta formateada que no toca el tema de fondo ni responde ningún punto de la denuncia expuesta.
Una respuesta cuyo argumento “de fondo” es citar leyes y decir que los fiscalizadores tienen la “calidad de ministros de fe”, o sea, su palabra es infalible, como se pretende del Papa, por ejemplo.
Muy feble respuesta para una ministra de gobierno. Eso de los “ministros de fe” es inaceptable en una sociedad moderna, donde debe primar el argumento, las pruebas concretas, el análisis serio y veraz.
Les recuerdo que los sacerdotes también son considerados, de alguna manera, ministros de fe, lo mismo que los comandantes en jefe de las fuerzas armadas, y miren todo lo que ha sucedido con ellos.
En el caso de los fiscalizadores del MTT y su relación con taxistas, verbigracia, habría mucho que investigar para ver si pasan la prueba de la blancura como ministros de fe. Digo yo.
Me parece que tales métodos utilizados por los fiscalizadores requieren de una profunda investigación al MTT, pues transgreden la Constitución.
La Contraloría y el Parlamento tienen ahora la palabra.
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